Este año, el presupuesto que el Gobierno ha destinado para el área de Cooperación al Desarrollo ha sido de 433,6 millones de euros, lo que supone, afirma el gobierno, un incremento del 21,5% con respecto al pasado ejercicio, sin embargo, este incremento no debe ocultar la indefinición de los planes del Gobierno en materia de ayuda al desarrollo, tal y como se ha denunciado desde el Partido Popular, en boca de su portavoz en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Gonzalo Robles y en otras instancias públicas y privadas.
Con la aprobación de este presupuesto, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero afirma que pretende ir acercándose, progresivamente, a su compromiso de duplicar, en cuatro años, la cuantía de la Ayuda Oficial al Desarrollo (ADO). Ya el anterior gobierno había establecido el objetivo de destinar, al menos, el 0,33 % del pib español en el 2006. Estos objetivos se mantienen por el nuevo gobierno sin variación alguna.
El sistema de cooperación española se organiza en un nivel triple establecido en el seno de la propia Administración General del Estado, seguido por las Administraciones Territoriales y, en último lugar, por los demás agentes que realizan actuaciones de cooperación, tanto a escala nacional como internacional.
Ya el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, en su último exámen de la cooperación española, indicó la enorme dispersión y multiplicidad de actores que intervienen en la cooperación española. Está circunstancia, que tiene el aspecto positivo de la implicación en la cooperación de la sociedad española y sus diferentes administraciones públicas, apunta riesgos evidentes de ineficacia, dispersión e incoherencia en la ayuda española.
Nada se advierte en el nuevo Plan Director de la cooperación española para mitigar estos efectos. Los responsables políticos, a juicio de los expertos, siguen "utilizando" como reclamo la tan manida cuestión del 0,7 y el volumen de los fondos como si esto fuera directamente proporcional a una efectiva disminución de la pobreza. La relación directa entre el volumen de la ayuda y el desarrollo (o la disminución de la pobreza) hace tiempo que fue abandonada por la mayoría de expertos y agencias internacionales ante el fracaso de la ayuda.
España, sin embargo, a nivel oficial sigue anclada en viejas recetas que ya sólo impulsan determinadas agencias humanitarias de Naciones Unidas, muy cuestionadas en los últimos tiempos. La cooperación española sigue abanderando planes asistencialistas adornados de una retórica efectista y desarrolla muy pocas acciones encaminadas a procurar un crecimiento y desarrollo real sobre los países en los que opera.
Objetivos del milenio de la ONU
En este sentido, y durante la reciente presentación del Plan Director de Cooperación en el Congreso, después de que fuese aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre, la secretaria de Estado de Cooperación, Leire Pajín, afirmó que había sido respaldado por unanimidad por las instituciones a las que concierne su aplicación, salvo la Región de Murcia que mostró su desacuerdo por el contenido del Plan.
Este nuevo Plan Director pretende adaptar la política de cooperación española a los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas (trabajo que ya había sido desarrollado, formulado y plasmado en un documento por el anterior gobierno), con el objetivo primordial de luchar contra la pobreza, basándose en la ampliación de oportunidades y, por tanto, de capacidades y libertades de las personas desfavorecidas.
Para ello, establece como áreas sectoriales prioritarias el aumento de las capacidades sociales, institucionales, humanas y económicas; la mejora de la sostenibilidad ambiental; el aumento de la libertad, las capacidades culturales y la autonomía de las mujeres; y la prevención de los conflictos y la construcción de la paz. Circunstancias todas ellas ya contempladas por planes anteriores. Para ello, el Plan prevé un incremento de la cantidad de la ayuda oficial al desarrollo (AOD), para que alcance el 0,3% este año.
¿Latinoamérica olvidada?
Volviendo a los presupuestos, para política exterior, el gobierno asignará una asignación de 1.156,6 millones de euros, para "recuperar y fortalecer las líneas maestras de consenso y la atención preferente a América Latina y el Mediterráneo". Sin embargo, esta idea queda poco plasmada en las intenciones del Plan Director, ya que como indica Robles, "a la falta de definición de acciones hay que unir que, en el Plan, los hispanos son una minoría. América Latina ya no parece ser una prioridad para la cooperación española y esto, creo, es un error".
El Plan define una serie de países prioritarios en los que se tenderá a concentrar el 70% de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) anual y para los que se elaborarán planes concretos. Entre ellos, destacan Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Haití, República Dominicana, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador, además de Argelia, Marruecos, población saharaui, territorios palestinos, entre otros países asiáticos, africanos y magrebíes. Los planes-paises fueron impulsados ya en el pasado.
Asimismo, entre los países "con atención especial" definidos por la situación de conflictos externos, por crisis de Derechos Humanos o por crisis imprevistas, destacan Cuba, Colombia, Irak, Guinea Ecuatorial o Afganistán, aparte de los afectados por el tsunami. Contrasta esto poderosamente con las decisiones del actual gobierno de suspender la ayuda a Colombia en su lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, la nueva posición con Cuba (el anterior gobierno nunca suspendió la cooperación y ayuda a Cuba pero dejó de tramitarla através de las autoridades castristas) y la decisión de suspender la ayuda humanitaria y de reconstrucción en Irak del nuevo gobierno.
Acciones dispersas
El Plan prevé también el apoyo a sectores como la salud o la educación (que se llevarán el 20 por ciento de la AOD española, objetivos alcanzados ya anteriormente) y otras prioridades transversales, como la lucha contra la pobreza, la defensa de los Derechos Humanos, la igualdad de género o el respeto de la diversidad cultural. Nada nuevo a lo que ya se hacia.
Ante la cantidad de acciones y regiones en las que la Agencia Española de Cooperación Internacional pretende acometer acciones de mejora, Gonzalo Robles avisó del peligro de establecer unos objetivos en los que la tónica de la dispersión "tanto geográfica como sectorial" es constante. "El Plan hace referencia a más de 60 países, con un número nada inestimable de acciones. Quizá habría que recordar al Gobierno que quien mucho abarca, poco aprieta". En este mismo sentido se pronunció también el portavoz de CiU, Carles Campuzano que advierte del riesgo de "dispersión".
Diálogo y comunicación
Para este ejercicio, se dice, que también se han presentado cambios estructurales como la intención de poner en marcha mecanismos que permitan avanzar en la planificación y gestión de las actuaciones teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los países destinatarios de la ayuda. Los documentos de evaluación de la cooperación fueron ya puestos en marcha por sus anteriores responsables y eran inesistentes hasta ese momento.
Así, la intención es que los resultados y el impacto que se desea conseguir en la zona sea pactado y dialogado con los países receptores, para lo que se impulsará el diálogo y la estrategia común. Las comisiones mixtas de cooperación son viejos instrumentos de la cooperación española. Haría bien el gobierno en dar cuenta de sus logros, objetivos y acuerdos con total transparencia. De esta manera se sabría lo que realmente demandan los países y lo que realmente se les concede. Uno de los objetivos perseguidos es la mejora de la eficacia informativa, para lo que se pondrá en marcha una red virtual privada de transmisión de voz y datos que conecte los servicios centrales, las embajadas y los consulados.
Fondos de Ayuda al Desarrollo
Otra idea que tampoco ha gustado en demasía a los grupos integrantes de la Comisión es el uso de créditos de Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD). El Plan establece que no deben utilizarse en "la fase de emergencia" de las crisis humanitarias, aunque no especifica cuáles serían las condiciones deseables de su uso. Respecto a la "línea excepcional de financiación que el Ejecutivo ha puesto a disposición de los países afectados por emergencias, tendrán una moratoria inicial de 20 años, una amortización de 40 años y un grado de donación del 80%, lo que, según Pajín, supondrá que "sólo se devolverán uno de cada cinco euros prestados". Son las mismas e idénticas condiciones ya establecidas por el anterior gobierno (mejoradas incluso en muchas ocasiones). Llamó la atención que Pagín presentara como novedad esto cuando su partido, en la oposición, habría asegurado que con su gobierno se suprimirían los créditos FAD.
Respecto a este asunto, desde CiU consideran que la ayuda al desarrollo "no puede estar basada en créditos reembolsables", mientras que ERC, advirtió de que los créditos FAD no son "una buena herramienta ni para la ayuda humanitaria ni tampoco para la ayuda al desarrollo".
Otro de los aspectos que el resto de partidos han reprochado al Gobierno es la falta de presupuesto concreto para las acciones del Plan. Para el PP, este documento ha llegado "demasiado tarde" y carece de un "marco presupuestario", tal como "obliga la Ley de Cooperación", pese a que, afirmó, los borradores previos sí presentaban unos presupuestos elaborados.
También el IV-IU-ICV, afirmó que hubiera debido ir "acompañado de un calendario en la cooperación" y de un mayor desarrollo presupuestario; en la misma línea que el PNV que ya he hecho llegar sus dudas respecto al apoyo presupuestario directo previsto para los países prioritarios, y recordó al respecto las "malas experiencias" del pasado por la falta de instrumentos de control adecuados del uso de esos fondos. También consideró necesario que se precisen "hacia qué ámbitos, hacia qué países y de qué maneras" van a ir destinadas las condonaciones de deuda.
Asistencialismo en incoherencia.
A juicio de expertos independientes nada nuevo aporta el Plan Director de la Cooperación española 2005-2008 y sí una preocupación importante. La política de cooperación impulsada por el actual gobierno vuelve a viejas concepciones basadas en el asistencialismo y paternalismo del donante, no avanza en la coordinación de los actores que intervienen y no exige al gobierno una postura firme de apoyo a los intereses reales de los países receptores (más allá de retóricas sin contenido).
En America Latina, cada vez más países prefieren menos ayuda y más apertura a los mercados internacionales, más transferencias de capital y tecnología y más inversiones privadas. Es un contrasentido exigirles reformas institucionales, competencia, seguridad jurídica, disciplina fiscal y buen gobierno cuando en Europa y en España se han abandonado deliberadamente esas políticas y tampoco se vislumbra una acción decidida para suprimir, por ejemplo, los subsidios a la agricultura. Algunos todavía se conforman sólo con asegurar que defienden esto pero al tiempo piden a los paises en vias de desarrollo que protegan sus productos con aranceles.
La coherencia del conjunto de las políticas, importante logro a nivel teórico de la Ley de Cooperación impulsada por el anterior gobierno y que recoge exprexamente su artículo 4, sigue pendiente y el texto promovido por el gobierno no sólo no avanza en ello, contiene elementos que permiten observar un retroceso.
