Tras el “caso Gürtel”, que afectaba inicialmente a responsables de algunas zonas españolas controladas por el Partido Popular, pero que llegó inesperadamente también a la Presidencia del Gobierno, aparece ahora, entre otros, el desfalco de al menos 60 millones de euros en el ayuntamiento socialista barcelonés de Santa Coloma de Gramanet.

 

También están implicados antiguos dirigentes del partido nacionalista catalán CiU, lo que ha provocado de momento nueve detenciones, todas de notables personajes de ambos partidos que aseguraban que en Cataluña no existía corrupción.

 

El protagonista de esta investigación tan sonora es nuevamente el juez Baltasar Garzón, cuya actuación suele ser frenética, e incluso respuesta a las críticas que se le dirigen por concluir deficientemente algunos de sus procedimientos.

 

Destapa ahora, tras años de retraso, el desfalco de Santa Coloma, quizás para demostrar que es equilibrado, y atenuar las críticas que recibió por perseguir solamente a los populares del “Gürtel”, teniendo datos que también implicaban a los socialistas, a los que sirvió, además, como alto cargo político bajo la presidencia de Felipe González.

 

Los partidos afirman que como tales no están implicados en los frecuentes casos de corrupción que aparecen, aunque muchos ciudadanos creen que es tal la impunidad en las administraciones que muchos servidores públicos se dejan llevar por la tentación de enriquecerse ilegalmente.

 

Para demostrar que los diputados son honrados, el Congreso acaba de aprobar con 341 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, una moción que propone endurecer las leyes contra los corruptos y el incremento del control de la financiación de los partidos políticos.  Ahora, los diputados quieren legislar “en caliente”, en contra de su norma habitual de afrontar cualquier cambio legal “en frío” para evitar leyes dictadas por la pasión o indignación del momento.

 

Es por eso que desde hace años se rechaza cualquier reforma de la legislación de menores o de ciertos delitos como la pederastia: el partido gobernante y sus aliados de izquierda afirman que no pueden redactarse leyes equilibradas “en caliente”, tras cualquier acto de brutalidad extrema, como el sádico asesinato de una niña.

 

Este es uno de los aspectos más chocantes de la política: los diputados quieren mostrase vírgenes legislando inmediatamente contra los corruptos, pero se despreocupan permanentemente del dolor de tantos padres cuyo hijos o hijas fueron violados y asesinados.

 

Por lo demás, estos partidos son los mismos que legislaron que sean los propios organismos públicos, como los ayuntamientos, quienes elijan a sus censores de cuentas, en lugar de funcionarios y profesionales de cuerpos independientes y ajenos a los intereses locales y de quienes les pagan. Interventores y Secretarios de Ayuntamientos eran antes cuerpos nacionales y su nombramiento no dependía del alcalde de turno.  Ahora sí y habría que preguntarse qué partido político impulsó esa reforma y para qué.
 

Y entonces sucede ahora, normalmente,  que los ediles gobernantes en los ayuntamientos donde está la corrupción que más aflora nombran para estos puestos a personas de su confianza que ocultarán las inmoralidades y delitos de quien los favoreció: este es el origen de muchos casos de putrefacción que ahogan buena parte de España.