El Gobierno de Colombia ha decretado el estado de conmoción interior para atajar la crisis causada por la huelga de empleados judiciales, que ha cumplido ya 36 días y ha bloqueado los fallos sobre 160.000 procesos, según ha anunciado el presidente del país, Álvaro Uribe

Uribe: “Esto es una tragedia”
El presidente explicó que se decidió declarar el régimen de excepción tras fracasar las negociaciones con los empleados judiciales, que se declararon en huelga el pasado 3 de septiembre y que no aceptaron las alzas salariales decretadas, lo que mantiene paralizada la administración de justicia.

Uribe dijo que durante la huelga más de 2.700 personas que habían sido detenidas por homicidio, narcotráfico y tenencia de armas habían quedado libres por vencimiento de términos legales, más de 120.000 procesos han quedado sin fallos judiciales y más de 25.000 audiencias han dejado de realizarse.

“Esto le causa al país una tragedia”, expresó Uribe, quien consultó con sus asesores antes de tomar la decisión de decretar el estado especial por 90 días. Según fuentes oficiales, después de 36 días de huelga judicial, las pérdidas superan los 60 millones de dólares.

Uribe advirtió de que podían quedar libres en medio del parón importantes narcotraficantes o acusados de crímenes graves, como el de Liliana Gaviria, hermana del ex presidente César Gaviria, secuestrada y asesinada en abril del 2006.

El Gobierno propuso bonificaciones que se suman a la oferta de mejoras salariales por 52 millones de dólares para los empleados judiciales. Pero los huelguistas piden una partida presupuestaria del triple de esa suma y la nivelación de sueldos de los jueces menores con los de los magistrados y jueces superiores.

El lunes pasado, en un último esfuerzo por conjurar la huelga, el mandatario firmó cuatro decretos que ofrecen mejoras salariales a los trabajadores de la justicia, pero la Asociación Nacional de Empleados Judiciales rechazó las concesiones e insistió en su exigencia inicial.

El presidente dijo ese día que las bonificaciones decretadas eran lo máximo que puede hacer el Ejecutivo para no poner en peligro las finanzas estatales e instó a los huelguistas a que aceptaran ese “gran esfuerzo”.

Con todo, Uribe dijo que no se han cerrado las puertas del diálogo con los empleados en huelga.