Aunque la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha asegurado que lo peor de la crisis inmobiliaria podría haber pasado, se ha mostrado convencida de que es necesaria “una intervención inmediata”. Antes de las elecciones generales hubo rumores de que el Gobierno estaba apoyando a las constructoras con dinero público para que no suspendieran pagos.

¿Más gasto público?
“En un sistema de libre mercado, éste debe autorregularse con el menor coste social posible”, afirmó la ministra Corredor sin explicar si esto implica aumentar el gasto público en un año en el que España entrará en déficit.

El gobierno de Zapatero ha mostrado dos posturas incompatibles en los últimos meses. Por un lado, se ha abogado por acelerar con gasto público la transición de la construcción a la rehabilitación de los edificios. Por otro, han afirmado que cada empresa debe asumir sus responsabilidades. Corredor ha defendido las dos posturas en su discurso en el Encuentro Sectorial sobre Vivienda en España, organizado por la revista “Metros Cuadrados”.

La Comisión Europea ha presentado hoy una propuesta para reducir los impuestos sobre la industria del ladrillo. La idea es recortar lo que se recauda con el IVA para incentiva la compraventa de pisos y otros inmuebles.

El diagnóstico de la ministra ha sido contundente: “[La construcción] estaba en una mecánica de crecimiento insostenible por sus tensiones especulativas y porque ha consumido ingentes cantidades de recursos naturales insustituibles”.

Corredor no ha precisado si se refiere a la especulación de los hogares españoles, más de la mitad de los nacionales tienen en propiedad dos casas, y si considera el cemento y el hormigón “recursos naturales insustituibles”.

La ministra afirma que lo que ahora toca es “un cambio de modelo productivo y una vuelta a la normalidad” en el que “cada cual deberá asumir su responsabilidad y arrimar el hombro”.