Miles de personas marcharon en Caracas hasta el Consejo Nacional Electoral rechazando la inhabilitación de más de 270 políticos impedidos de postularse como candidatos en las próximas elecciones regionales y un paquete de 26 leyes promulgadas unilateralmente por el Ejecutivo

Ha inhabilitado a sus rivales políticos
Los manifestantes, encabezados por algunos de los dirigentes inhabilitados, recorrieron unos cuatro kilómetros desde el centro de Caracas hasta llegar a la sede el organismo electoral, donde una comisión hizo entrega simbólica de un documento en rechazo de la medida impuesta por la Contraloría General venezolana.

El alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Leopoldo López y precandidato a la Alcaldía Mayor de la capital venezolana, anunció que la lucha contra las inhabilitaciones proseguirá en instancias internacionales.

“La lucha va a continuar, de hecho hemos abierto algunas puertas en el ámbito internacional, la semana que viene voy a estar en Montevideo, voy ser recibido por la Comisión de Derechos Humanos y vamos a presentar nuestro caso ante la plenaria del Mercosur; iremos al Parlamento Europeo y a donde tengamos que ir para que se sepa lo que está ocurriendo en nuestro país”, dijo López.

Las inhabilitaciones políticas son sanciones administrativas impuestas por la Contraloría, que está encargada de verificar los manejos de fondos públicos.

La oposición ha denunciado que la medida es usada como un instrumento de represalia política ya que, según ellos, sólo un pequeño grupo de los sancionados pertenece al oficialismo.

Represión y abusos del chavismo

La sorprendente promulgación de 26 leyes por parte del presidente Hugo Chávez y la decisión judicial que prohibirá que varios políticos de oposición participen en las elecciones regionales de noviembre avivaron esta semana la tensión entre gobierno y oposición en Venezuela.

El 31 de julio, los venezolanos fueron informados de un paquete de decretos promulgados por el mandatario horas antes de que expiraran los poderes especiales para legislar concedidos por el Parlamento un año y medio antes.

Pese a que los responsables gubernamentales aseguran que las leyes fueron debatidas antes de ser promulgadas, la oposición criticó un arrebato de totalitarismo de Chávez, quien, según ellos, intenta aprobar así una parte del proyecto de reforma constitucional rechazado en referéndum en diciembre de 2007.

Sin embargo, algunos aspectos contenidos en estas leyes como la reforma de la estructura y nombre del ejército, el control de Estado en la producción y comercialización de bienes básicos o las sanciones contra quien no garantice la justa distribución de la comida han provocado una lluvia de críticas.

Para la historiadora Margarita López Maya, el gobierno ha procedido “a espaldas de la gente”, de manera “desafortunada” y en contradicción con el principio participativo que suponía ser el centro del modelo político legitimado en Venezuela.

“Creo que en el ánimo del presidente Chávez y la gente que le rodea hay una lógica de tipo revolucionaria, en la cual ellos pasan por encima de las instituciones cuando les conviene porque quieren realizar cambios profundos”, declaró la experta a la AFP. A la cuestión del paquete de leyes se sumó la cuestión de las inhabilitaciones de varios políticos, la mayoría de oposición, que recibió el respaldo del Tribunal Supremo, el cual consideró que la sanción administrativa que les impide ejercer cargos públicos es “constitucional”.

“El Tribunal Supremo tomó, en contra de los ciudadanos, la decisión de tirar por la borda y darle una patada a la Constitución“, declaró uno de los inhabilitados más populares, Leopoldo López, que renunció el jueves a su aspiración de ser candidato a la alcaldía de Caracas.

Según el político, Chávez es el “autor intelectual” de esta decisión judicial porque tenía miedo de perder en lugares clave como la capital en las elecciones municipales y regionales del 23 de noviembre.