La directiva retorno afectará a unos ocho millones de inmigrantes, entre ellos muchos son latinoamericanos. Sus países de procedencia consideran que el trato que prevé la directiva para los sin papeles no es justo. Por eso, enviarán una delegación a Bruselas para buscar “soluciones prácticas” a lo que votaron la mayoría de los países europeos la semana pasada.

Envían una delegación a la Unión Europea
Los ministros de Exteriores de Perú, Colombia, Paraguay y México decidieron en la cumbre de la Organización de Estados Americanos, junto a algunos observadores europeos, decidieron el envío de una delegación para afrontar “las inquietudes” expresadas por sus países.

La directiva retorno prevé que los clandestinos puedan permanecer retenidos durante 18 meses hasta que sean devueltos a sus naciones de origen, que los menores se repatríen, en caso de no identificar a las familias, a instituciones que se dediquen a su tutela, y que los inmigrantes sin papeles no puedan volver a la Unión Europea durante los cinco años siguientes a su repatriación.

Según el ministro de Exteriores Peruano, es “una contradicción” que en un mundo globalizado “se restrinja la emisión de visas, cuando la solución sería abrir las puertas a una inmigración ordenada”.

Países como Francia y España, que se encontraban entre los principales impulsores de la directiva comunitaria, se han ido desmarcando esta semana. Los secretarios de asuntos europeos y Latinoamérica del ministerio de Exteriores español han anunciado esta semana que España no transpondrá la nueva normativa europea, es decir que en los inmigrantes serán tratados en el país como si no hubiese aprobado nada en Bruselas.

Francia ha asegurado que su ley de 1984 le parece más adecuada para la realidad de la inmigración francesa. Esto significaría que Sarkozy, uno de los principales impulsores del contrato de integración y del endurecimiento de las condiciones de de los sin papeles, no piensa incluir la directiva en el ordenamiento francés.

España y Francia han justificado su posición aclarando que no están de acuerdo con el período que se prevé para la retención de los clandestinos desde su localización hasta que son deportados a sus países de origen. No han dicho con la misma claridad que la Unión Europea establecía sólo unos máximos, por lo que tanto el ordenamiento francés como el español podrían haber adaptado la directiva sin modificar los plazos.