La Policía Nacional ha detenido al menos a ocho personas en varias localidades del País Vasco por su supuesta vinculación con las organizaciones Ekin y Batasuna, que se estaban reorganizando para acudir a las elecciones vascas del 1 de marzo.

A un mes de los comicios vascos
Entre los arrestados, a quienes el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón les acusa de reiteración de delito de colaboración con formaciones ilegalizadas, se encuentra la portavoz de la plataforma Demokrazia 3 Millones (D3M), Amparo Lasheras.

La operación culmina una investigación puesta en marcha hace nueve meses sobre la reconstitución de la Mesa Nacional de Batasuna, de la que supuestamente formarían parte los ocho arrestados.

El resto de detenidos son un representante de ANV en Bilbao, un vocal de la extinta Mesa Nacional de Batasuna, un juntero de la Diputación de Álava, un ex dirigente de HB y un antiguo empleado de PCTV-EHAK, entre otros.

Al margen de las detenciones, la Policía ha efectuado 18 registros entre los que destacan los domicilios de Arantza Urkaregi y Tasio Erkizia, histórico dirigente de Herri Batasuna. La Policía Nacional ha registrado además en Navarra los domicilios de los concejales de ANV Shanti Kiroga y Mariné Pueyo en los que ha intervenido diverso material.

El juez Garzón ha asistido al registro de la sede de Herria Aurrera, la candidatura de la izquierda abertzale al Ayuntamiento de Bilbao en las elecciones municipales de 2003 que fue anulada por los tribunales antes de esos comicios.

Amparo Lasheras, periodista de profesión y representante de la nueva plataforma abertzale D3M, actuó como portavoz junto con Itziar Lopategi en la presentación el pasado 10 de enero de esta plataforma que reúne firmas para presentarse a las próximas elecciones vascas.

La formación ANV, ilegalizada en septiembre de 2008 por el Tribunal Supremo, gobierna en 42 Ayuntamientos del País Vasco y Navarra. La semana pasada, el regidor de ANV de Azpeitia, Iñaki Errazkin, fue desalojado de la alcaldía al prosperar una moción de censura presentada por PNV y EA debido a la negativa de los radicales a condenar el asesinato de Ignacio Uría a manos de ETA el pasado 3 de diciembre.