La Asamblea Constituyente convocada por Morales ha generado planteos de integración territorial y fuertes rechazos al centralismo con que planea conducir la economía.

Editorial
Hace unos días pensar que Evo Morales enfrentaría una huelga era visto como incongruencia política, lejana de la aparente realidad. Morales se presentaba como el redentor de las masas y quien llevaría, mediante una gestión cargada de voluntarismo, la definitiva distribución equitativa de la riqueza. Sabiendo siempre, que equitativa no quiere decir racional y, por lo tanto, que la racionalidad estaría lejos de su gestión gubernativa.

Pues los primeros efectos de esta heterodoxia están a la vista. Morales ha arribado con intenciones de “sacudir” los cimientos de su empobrecido país, sin diferenciar entre las estabilidades necesarias del sistema político y las prácticas a modificar. Para Morales la reforma se acerca más a la revolución. O, más precisamente, piensa que sin revolución es imposible cambiar el estado de cosas en Bolivia.

Para ello convocó hace unos días, a una Asamblea General Constituyente, cuyo fin principal fue revocar el viejo orden, y sentar las bases para una integración territorial sólida y de fuerte “inserción social”, sin precisar con exactitud a qué se refería. Pues esta indefinición se reflejó, como suele pasar cuando los proyectos son aventureristas, en la confusión de objetivos de semejante convocatoria, y en peores consecuencias a nivel político.

Morales enfrentó esta semana el planteo territorial de Santa Cruz, que anhela desprenderse de la carga pesada del Estado nacional, y administrar su propia prosperidad. Utilizar los recursos de la manera que crea conveniente, sin dejar en el camino parte de esa riqueza que el Estado administra (o más bien administra Morales) con fines poco claros. O mal definidos. O no definidos para nada. Y lo que comenzó siendo un reclamo de mayor autonomía, termina siendo un grave problema de integración territorial. De clase parecida, aunque de orígenes completamente distintos, al ocasionado en España.

El segundo curioso efecto para Morales fue el paro general convocado en 4 de los 9 departamentos de Bolivia, en oposición a los objetivos planteados por el Gobierno para la Asamblema Constituyente. Es que el de por sí empobrecido país, o empobrecidas regiones, no están dispuestas a sacrificar aún más sus magros ingresos para financiar una aventura distribucionista incapaz de atraer las inversiones suficientes para reactivar la economía y reestablecer balances de caja y pago. Las comunidades se dan cuenta, a poco de conocer las intenciones de Morales, que la pobreza no se resolverá con mayor centralismo, sino con una reactivación de la actividad privada y de la inversión en producción e infraestructura. Y por ello ponen freno a las derivas de Morales.

Así las cosas, Bolivia se encamina hacia un nuevo estado de intestabilidad institucional provocado torpemente por el Gobierno que, carente de ideas, o con ideas un poco confusas, lleva a la administración a un nivel de caos peligroso, y además sin un rumbo claro en el horizonte. A Morales se le desconoce el proyecto de país. O mejor dicho: el proyecto de país que se le conoce, simétrico al de su amigo Chávez, es tan descabellado como riesgoso para la clase media, ya empobrecida, de ese país.

Los próximos días y acontecimientos servirán para conocer el futuro tiempo político y social de Bolivia. Su capacidad para campear la inestabilidad que se avecina, o su fortaleza para impedir la realización de un proyecto inviable desde sus orígenes, que no llevará a esas tierras más que pobreza y corrupción.