Los ministros del Interior de la UE aprobaron ayer el Pacto Europeo de Inmigración promovido por la presidencia francesa, que prevé el endurecimiento de la lucha contra la inmigración ilegal y evitará las regularizaciones masivas como la de España en 2005.

Aviso para España
España ha aprobado el acuerdo porque ha conseguido que no se incluya ni una referencia a la prohibición de las regularizaciones masivas ni tampoco a la necesidad de un contrato de integración. Estas dos cuestiones fueron fruto de un intenso debate durante la campaña electoral española de marzo y el Partido Popular logró poner al Ejecutivo entre la espada y la pared.

Sin embargo, el Pacto europeo sí pide a los Estados que las regularizaciones sean “caso por caso y no generales, en el marco de las legislaciones nacionales por motivos humanitarios y económicos”.

Los Veintisiete advierten de también que el comportamiento de un Estado “puede afectar a los intereses de los otros” y que, por tanto, es “imperativo” que cada Estado miembro tenga en cuenta los intereses de sus socios en la definición y aplicación de sus políticas de inmigración, integración y asilo. Es toda una declaración de intenciones contra la regularización masiva que llevó a cabo España hace sólo 3 años sin consultar a los demás miembros de la Unión.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha asegurado sentirse satisfecho con esta iniciativa porque ha participado en su redacción desde el inicio y porque el Gobierno de París ha escuchado sus demandas.

Desde que se discutió en julio sólo se han introducido dos modificaciones. En primer lugar, y a petición de Malta, se prevé para los Estados miembros sometidos a una fuerte presión migratoria un mecanismo voluntario de reparto de los peticionarios de asilo.

En segundo lugar, y a petición de Dinamarca, se lanza una advertencia para reforzar la vigilancia sobre los matrimonios de conveniencia. Ello responde a una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que señala que un cónyuge no europeo de un ciudadano de la UE puede residir en cualquier Estado miembro.

Contra la inmigración ilegal

La lucha contra la inmigración ilegal hallará su principal instrumento en el regreso de los irregulares a sus países de origen o tránsito. Para eso deberá llegar a acuerdos con sus naciones y facilitar los trámites necesarios para la expulsión. Bruselas espera que los Estados miembros colaboren para que los extranjeros en situación irregular abandonen el territorio.

Por otro lado, los irregulares deberán poder regresar voluntariamente. Los visados biométricos deberán universalizarse el 1 de enero de 2012 y se reforzarán los medios de Frontex, la Agencia europea de fronteras exteriores. Incluso es probable quem en los próximos cuatro años, exista un registro electrónico de entradas y salidas para controlar de un modo más preciso los flujos migratorios de los extranjeros sin papeles.

Los Veintisiete han suavizado el enfoque del documento reconociendo que las migraciones internacionales pueden ser una oportunidad porque son “un factor de intercambio humano y económico” y “contribuyen al crecimiento” de la Unión Europea.