Las reacciones a la nueva norma de inmigración, aprobada ayer por la UE, no se han hecho esperar. Rafael Correa, presidente de Ecuador, lo califica como “vergonzoso”. Bolivia y Uruguay estudian recursos legales ante Naciones Unidas. Brasil y Argentina se mantienen expectantes, mientras El Salvador busca un acuerdo preferencial

Molestos con el gobierno español, principal receptor
“Es una vergüenza lo que ha hecho Europa“, denunció el presidente de Ecuador, Rafael Correa, al referirse al proyecto aprobado ayer en la Eurocámara. “¿Qué habría pasado si América Latina hubiera adoptado esa directiva con los españoles que tuvieron que salir forzosamente de su país? ¿Se imaginan cuánto sufrimiento habría causado?”, se preguntó el mandatario, aludiendo al éxodo español durante la posguerra y el franquismo.

El vicecanciller boliviano, Hugo Fernández, afirmó que el Gobierno de su país estudiará los alcances de la directriz para decidir cómo enfrentarla “de manera legal”. Precisamente la semana pasada, el presidente Evo Morales planteó incluso la posibilidad de exigir visado a los europeos como represalia.

El Senado de Uruguay también rechazó la norma comunitaria, anunció que llevará a las Naciones Unidas su repudio e invitó a los Parlamentos y Gobiernos latinoamericanos a “tomar las medidas correspondientes desde el punto de vista del derecho internacional”.

La Cancillería paraguaya emitió un comunicado en el que expresó “su decepción por la medida”, que consideró una “incongruencia en las intensas relaciones migratorias que los países de Europa y de América Latina han sabido desarrollar a lo largo de siglos de vinculación histórica”.

Brasil y Argentina, a la expectativa

El Ministerio de Exteriores de Brasil simplemente lamentó la determinación de la UE porque cree que siembra “una percepción negativa de la migración”.

El Gobierno de Argentina recordó que migrar “no es un delito”. Así, destacó que establecer “restricciones, incluidos largos períodos de detención administrativa, e impedir la libre circulación de personas por motivos étnicos, de religión, ideología, género o edad constituye una violación de los derechos humanos fundamentales”.

Por otro lado, el vicecanciller de El Salvador, Eduardo Cálix, dijo que los países centroamericanos buscarán, en el marco del Acuerdo de Asociación que negocian con la UE, un trato “preferencial” para sus inmigrantes, pese a la directriz.

La nueva política de la Unión prevé garantizar la vuelta de los inmigrantes sin papeles a sus países de origen y evitar que vuelvan a intentar introducirse en la Unión Europea en menos de cinco años.

La primera medida es aumentar el tiempo que transcurre entre la detención y el regreso a 18 meses para que las fuerzas de seguridad no se vean obligadas a liberarlos sin haberlos identificado y sin haber llegado a un acuerdo de repatriación con sus estados.

Otra de las soluciones que prescribe la directiva es hacer que los inmigrantes expulsados no puedan volver a pisar la Unión Europea antes de cinco años. La nueva política de inmigración de la UE permite que los menores no acompañados sean repatriados sin su familia.