La actuación de la justicia española contra el ministro hebreo Ben-Eliezer puede degenerar en un conflicto diplomático entre ambos países. La ministra de exteriores judía, Tzipi Livni, ha mandado todo un aviso al asegurar que la cuestión se maneja en la esfera de los políticos y no en la de los jueces.

El embajador dice que las relaciones peligran

Israel protesta enérgicamente ante España contra la apertura de una investigación de la Justicia española, sobre un bombardeo israelí en Gaza en 2002 que mató a 14 civiles y a un jefe del movimiento terrorista Hamas.

“Israel considera con la mayor gravedad” esta decisión, declara la ministra israelí de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni, a su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, en una conversación telefónica, según un comunicado del ministerio.

Estima que esta decisión tenía un carácter “político y no jurídico”, siempre según el texto. Livni reprocha al juez español encargado del caso de haber “decidido la apertura de la investigación sin esperar a estar en posesión de todos los elementos del caso”.

Por otra parte, el ministerio anuncia que su sección jurídica haría todo lo posible para defender a los responsables israelíes amenazados con enjuiciamiento y de “abolir cuanto antes una decisión de justicia inaceptable”.

El embajador de Israel en España, Raphael Schutz, ha asegurado que esta querella “no es más que un intento político de abusar de la legalidad española para deslegitimar no sólo el derecho de Israel a defenderse, sino peor aún, de deslegitimar la misma existencia de Israel“.

Ha justificado su razonamiento en que “en muchos otros casos y muchísimo más difíciles y peores, no se ha presentado ninguna querella, y eso indica que el motivo ha sido nada más que político”.

Schutz no ha querido opinar sobre las “motivaciones” que han llevado al juez Andreu a abrir la investigación y ha subrayado su respeto, “tanto en España como en Israel“, por la separación de poderes como “principio básico de cualquier democracia”. No obstante, ha invitado a las autoridades españolas, en alusión a las judiciales, a “reflexionar cómo se podría evitar el abuso político del sistema, que es lo que vemos ahora”.

España, tibia

El Gobierno español debe “respetar la justicia”, que es “independiente” y “puede decidir lo que estime oportuno”. Es la primera reacción del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.

Preguntado por la respuesta que esta decisión ha originado en el Gobierno israelí, el ministro declara: “La reacción de Israel es la reacción de Israel. La del Gobierno español es respetar la justicia”. La “obligación” del Ejecutivo español, insistió, es “respetar la justicia y seguir trabajando por la paz”.

Moratinos no quiere comentar si la decisión de la Audiencia le había o no sorprendido. Al término de la Comisión, el ministro informa de que aún no había hablado con Livni, pero en caso de que lo hiciera le diría que España “es un Estado de Derecho”, por lo que el Gobierno no puede “intervenir en la justicia española”.

La Audiencia Nacional ha abierto una investigación por “crimen contra la Humanidad” a seis militares israelíes y al ex ministro de Defensa Benjamin Ben-Eliezer por el bombardeo de Gaza en 2002, que costó la vida a 14 civiles y a un jefe de Hamas. El juez Fernando Andreu ha aceptado a trámite la denuncia interpuesta por el Centro Palestino para los Derechos Humanos, en nombre del principio de jurisdicción universal, reconocido por España en materia de crimen contra la Humanidad y de genocidio.