La primera demanda, presentada en España por un afectado por el caso Lehman, ha sido Interpuesta por dos clientes de Altae, el banco privado de Caja Madrid, le acusan de incumplir sus obligaciones, falta de diligencia y posibles conflictos de interés en la colocación de bonos emitidos por el banco de inversión norteamericano que se declaró en quiebra el pasado 15 de septiembre.
Dos clientes de Altae, filial de Caja Madrid
La demanda, redactada por el Estudio Jurídico García Campos, fue presentada en diciembre después de no alcanzar un acuerdo con el banco.
El juzgado de primera instancia número 1 de Madrid la admitió a trámite el 9 de enero y la ha trasladado a Altae, que tiene un plazo de 20 días para presentar sus argumentos. Lo relevante de esta demanda no es la indemnización que reclama, unos 300.000 euros, sino que abre un camino que pueden seguir otros afectados por Lehman, tanto clientes de Altae como de otras entidades que no han ofrecido ninguna propuesta de compensación.
A diferencia de la mayoría de los afectados por este escándalo, los demandantes eran conscientes de que tenían bonos de Lehman. Adquirieron deuda del banco norteamericano a 30 años, que les ofreció Altae como un producto “totalmente seguro” y con una rentabilidad muy atractiva, del 7,25 por ciento anual.
Normalmente los demandantes aseguran que Altae no les informó de que el emisor de los bonos no era Lehman sino su filial en Holanda, que no les proporcionó el folleto ni ningún otro documento explicativo de estos títulos, que dieron la orden de viva voz y sólo la firmaron seis meses después, y que no les advirtieron de ningún riesgo, ni siquiera cuando era evidente que Lehman estaba al borde de la quiebra.
Otro elemento en que se basa la demanda es que el banco privado de Caja Madrid no les informó de que los bonos cotizaban en Euronext, no de la posibilidad de haberlos vendido incluso después de la quiebra de Lehman, puesto que la filial holandesa no se declaró en suspensión de pagos hasta cuatro días después.
Asimismo, los demandantes acusan a Altae de incumplimiento de la obligación contractual de administración leal por exceder los límites del contrato de aseguramiento y por no tomar las medidas necesarias para conservar el valor de los títulos.
Finalmente, la demanda ataca el oscurantismo de la entidad que preside Miguel Blesa al no dejar claro las entidades que intervinieron en la operación, lo que da pie a sospechar de posibles conflictos de interés.
A pesar de haberse organizado en Internet casi desde el primer día y de haber convocado varias manifestaciones, los afectados españoles por la quiebra de Lehman apenas han iniciado acciones judiciales contra las entidades que les colocaron estos productos. Únicamente la asociación Adicae había presentado una solicitud de diligencias previas ante varios juzgados de lo mercantil, pero hasta ahora no había ninguna demanda civil por este asunto.
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