Los tres partidos de la oposición, que justificaron el golpe de Estado, se han negado rotundamente a participar en el gobierno de transición de Mauritania. Dudan de las intenciones del presidente de los golpistas, que no ha aclarado todavía si piensa presentarse a las elecciones con el respaldo del ejército.

Nueva crisis
El presidente de uno de los partidos, Alianza para la Justicia y la Democracia y el Movimiento de Renovación (ADJ-MR), Ibrahim Sarr, advirtió que quiere saber si el general Mohamed Ould Abdel Aziz quiere presentarse a los próximos comicios.

Sarr se sumó así a los líderes de la Unión de Fuerzas Democráticas y el Movimiento para la Democracia Directa en su rechazo de cualquier acuerdo para formar un gobierno de unidad nacional. Quieren saber si el golpista podrá aprovechar su poder, como jefe del ejército y como presidente, para partir con ventaja en las elecciones.

Otro asunto que les preocupa a los partidos es la fecha de los sufragios, porque el jefe de la Junta no ha informado de cuándo piensa convocarlos. Esto les hace dudar de las intenciones de los militares, porque piensan que podrían querer un gobierno de unidad nacional, donde ellos ostentasen el poder y decidieran en último término cuándo y cómo se desarrollan las votaciones que podrían desalojarlos del poder.

El golpe de estado del 6 de agosto ha sido condenado por la comunidad internacional, que presionó a la junta para restaurar inmediatamente en el país la legalidad democrática. Por el momento ya ha sido suspendida por la Unión Africana. El viernes, el Banco Mundial anunció la suspensión de 75 millones de dólares de ayuda al país del África Occidental.

Nadie cree en los generales

Washington y Bruselas no han creído desde el primer momento en las intenciones de los militares golpistas. Una de sus principales razones es que si tuvieran un proyecto democrático lo habrían presentado en forma de partido político y habrían realizado una moción de censura con el apoyo de los tres partidos que les respaldaban en las instituciones mauritanas.

El Departamento de Estado americano anunció el 7 de agosto la suspensión de todas las ayudas que no sean estrictamente humanitarias, que ascienden a más de 13 millones de euros. Las inversiones en infraestructuras y en reforzar las instituciones estarían incluidas entre ellas.

Francia, que es el principal socio comercial del país magrebí, ha advirtió entonces a las nuevas autoridades que la “no reinstauración de la legalidad constitucional tendrá consecuencias sobre las relaciones de Mauritania”.

Según el Comisario europeo de Desarrollo, Louis Michel, que dirige el departamento desde el que se le envían a Mauritania las ayudas, “la política de cooperación de la UE” está pendiente de la actitud de los generales golpistas”.