El Código Penal de 1995, para el que el delincuente siempre es una víctima, la Ley del Menor de 2000, redactada con la buena conciencia de los padres que culpan y castigan a la sociedad por los crímenes de sus hijos, y unos pocos jueces con ansias de notoriedad, tienen convertida España en una anarquía legal y en paraíso de delincuentes, violentos o no.

 

Se ve estos días con el caso de Abdu Willy, uno de los secuestradores en alta mar, a casi 800 kilómetros de Somalia, de los 36 tripulantes del atunero español Alakrana.

Fue detenido por un barco de la Armada junto a otro pirata a poca distancia de donde una decena de asaltantes tienen rehenes a los marineros, la mitad de ellos españoles y la otra mitad, africanos y asiáticos.

 

El Código Penal, inspirado por el que fuera superprogresista ministro Juan Alberto Belloch, hoy alcalde de Zaragoza, ha tenido que ser reformado en innumerables ocasiones, y aún así continúa siendo más favorecedor del delincuente que justo con la víctima.

 

Y la Ley del Menor, aprobada bajo el mandato de José María Aznar, resultó también dulzona y paternalista por presión de los aliados nacionalistas del Partido Popular, y por su temor a ser tachado de justiciero, exigente y vengativo al castigar a los inocentes niños asesinos.

 

Luego resulta que, según sea el carácter del día o la notoriedad que desee tener un juez de la Audiencia Nacional o de los tribunales ordinarios, un terrorista con casi una treintena de asesinatos en su historial no comete delito amenazando de muerte por escrito a otras posibles víctimas, o un asesino y violador de una niña discapacitada, queda en libertad supuestamente vigilada poco tiempo después de cometido el sádico asesinato.

 

La minoría de edad se ha convertido en una patente de corso para todo delincuente joven, nunca mejor dicho en el caso de Abdu Willy, quien fue traído apresuradamente a España por el calculador y controvertido juez superestrella Baltasar Garzón.

 

La supuesta minoría de edad, a la que le interesa acogerse el bien asesorado pirata, le ha servido de tribuna y altavoz multimedios a otro juez con pretendida estrella mediática, Santiago Pedraz. Porque las pruebas médicas señalan que es mayor de edad, pero Pedraz  se niega a admitirlo. El joven pirata va de prisión preventiva a centros para jóvenes, un día sí y otro no, porque las supuestas dudas de este juez sobre la edad del somalí, basadas en sus convicciones personales, muestran el desbarajuste de dos de las principales leyes españolas.

 

Muestran también la falta de flexibilidad de una justicia según la cual quien tiene 17 años y 364 días es un niño que recibirá un mínimo castigo, aunque haya cometido innumerables crímenes, y quien tiene un día más es ya un adulto que será sancionado con cierta dureza, eso sí, gracias a las enmiendas que se han ido introduciendo en los últimos años tras el terrible fiasco inicial de la superprogresista ley Belloch.

 

Lamentablemente, y la vista de todo lo anterior, podría afirmarse que quienes parecen menores de edad son los legisladores y algunos  jueces españoles. Deberíamos concluir de igual modo que lo que realmente está en franca minoría de edad es la propia Justicia española.

 

En España hay cientos de jueces anónimos que hacen su trabajo como pueden, protegidos por un silencio prudente elegido voluntariamente. Claman por medios para ser rápidos y eficaces. No entienden que la Justicia y los jueces puedan ser progresistas o conservadores. No entienden que las leyes puedan ser progresistas o conservadoras. No entienden que se pueda juzgar algo en función de la ideología de la ley o de la ideología del presunto autor del delito. Saben que las leyes o son iguales para todos o no son leyes justas.

 

Nunca obtendrán del gobierno los medios que necesitan para ser rápidos, justos y eficaces. Ni con gobiernos de derecha, ni con gobiernos de izquierda.

Por la sencilla razón de que el mayor numero de contenciosos, por consecuencias económicas, lo son contra la propia administración del Estado, contra el poder ejecutivo.

En España la separación de poderes es meramente formal. Los legisladores atienden a pies juntillas las indicaciones del ejecutivo siempre y de qué manera. La Fiscalía, que no es poder judicial, es el brazo armado del gobierno y no del pueblo. La Justicia está supeditada al Ejecutivo que es el que paga la nómina. Son herencias del franquismo. Una herencia que parece le viene bien a todos, menos a las víctimas del delito, de cualquier delito.