El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha mantenido una conversación telefónica con su homóloga Tzipi Livni, quien después asegura que daba la bienvenida a los esfuerzos del Ejecutivo español para frenar las indagaciones contra el ministro Benjamin Ben-Eliezer, y seis mandos del Ejército por el bombardeo que mató a un líder de Hamas y a 14 civiles en la franja de Gaza en 2002.

Trata de impedir un conflicto diplomático
El Gobierno trata de calmar a las autoridades israelíes, airadas tras el anuncio de la Audiencia Nacional de que investigará al Estado hebrero por crímenes de guerra.

El Ministerio de Asuntos Exteriores confirma la conversación entre Moratinos y Livni. Sin embargo, no se pronuncia sobre las garantías que supuestamente ha dado el jefe de la diplomacia española a su homóloga para frenar la investigación que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

Moratinos tan sólo ha comentado a Livni, según fuentes diplomáticas, que hará “todo lo posible” para contribuir a alcanzar una “solución satisfactoria” dentro de los límites que marca el respeto a la justicia y el Estado de Derecho.

Tanto el jueves como el viernes, la consigna del Ejecutivo sobre este asunto es que España es un Estado de Derecho, en el que la Justicia actúa con total independencia. Así lo confirmó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que eludió mencionar el compromiso dado por Moratinos a Livni y si el Gobierno instará a la Fiscalía a que recurra la decisión del juez instructor de la Audiencia Nacional.

De momento, el Ministerio Público no ha movido ficha a la espera de confirmar si Israel mantiene o no abierta alguna causa judicial en su país sobre el bombardeo de Gaza. En un escrito fechado el 14 de julio, la Fiscalía ya recomendaba al juez Andreu que obtuviese esta información antes de decidir sobre la admisión a trámite de la querella.

La legislación española estipula que no se pueden juzgar estos hechos en España si hay un proceso judicial en marcha en el país donde ocurrieron los hechos. Algo que en la actualidad no ocurre, según cita el juez de la Audiencia Nacional en su resolución.

Andreu expone en su escrito que los familiares de los civiles palestinos fallecidos en el bombardeo denunciaron el caso al Tribunal Superior israelí. Éste abrió una investigación que fue cerrada en enero de 2006, al considerar que la operación militar fue proporcional al objetivo militar de asesinar a Shehadeh, uno de los líderes del movimiento islamista Hamas contra el que iba el ataque selectivo, y que el resultado posterior no fue “intencionado”.

Éstas y otras informaciones han sido remitidas al juez Fernando Andreu por parte de las autoridades israelíes. Unos documentos que fueron solicitados por el instructor hace cinco meses mediante comisión rogatoria y que llegaron sólo un día después de haber admitido a trámite la demanda. Se trata de 300 folios sobre el caso remitidos por el Ministerio de Justicia israelí a la embajada hebrea en España, que a su vez se los entregó al Ministerio de Exteriores y éste, con copia del original, al Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional.

El expediente servirá para demostrar que esta querella “no tiene ningún fundamento”, señala el embajador israelí en España, Raphael Schultz. En caso contrario, advirtió el diplomático, “podría causar un problema serio entre ambos países”.