Las tropas se quedan en Sudán para garantizar la estabilidad del país, pero se arriesgarán a las represalias del presidente sudanés. No congelarán la petición de extradición de la Corte Penal Internacional, pero podrían matizarla hoy en una resolución.

Aunque la matizarán
Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, votarán el borrador de la resolución británica este jueves, por el que las fuerzas de paz continuarán en el país hasta el 31 de julio de 2009.

Los diplomáticos afirmaron que esperan que la resolución sea aprobada por unanimidad. El embajador de Sudán ante Naciones Unidas, Abdalmahmoud Abdalhaleem, reconoció que el texto era “aceptable”, por lo que es casi seguro que la extradición del jefe del Estado no se produzca como estaba previsto.

El fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno-Ocampo, emitió una orden de arresto contra el presidente sudanés, Omar Hassam al-Bashir, al que acusa de haber permitido el genocidio de Darfur, en el que murieron más de 100.000 personas asesinadas por las milicias janjawid y cerca de dos millones y medio tuvieron que abandonar sus casas y buscar refugio.

Siete miembros del Consejo de Seguridad, entre ellos Sudáfrica, Rusia y China, consideraban “peligroso” que se extraditase al-Bashir porque las tropas de la ONU podrían sufrir las represalias de las milicias. Sin embargo, son algunos de los países que aportan menos soldados a las fuerzas de Naciones Unidas.

“La clave estaba en sacar a las tropas de allí antes de proceder a la extradición, porque así se matarían dos pájaros de un tiro: nadie podría extraditarlo sin la ayuda de un ejército de Naciones Unidas y las milicias recuperarían, con su marcha, todo el control del país que les llevó a cometer el genocidio de Darfur“, afirma un analista para Diario Exterior.

Sudán es un país rico en petróleo y oro y su presidente, un líder autoritario, podría haber hecho valer sus recursos energéticos para convencer a algunas potencias de que impidan su extradición. Por otro lado, muchos países, sobre todo las dictaduras, como es el caso de China y en menor medida de Rusia, temen que la Corte Penal Internacional pueda detener al dirigente de un país que no ha aceptado su jurisdicción “sólo” porque los delitos sean crímenes contra la humanidad.