Desde que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa de la Vega, anunciara que Alicia Gámez, la cooperante española iba a ser liberada por Al Qaeda tras 101 días de secuestro, se rompió el silencio y la prudencia que el gobierno había pedido  a sus familias, la ONG, los partidos y los medios. Fue el propio gobierno quien con gran profusión y empuje mediático rompió ese pacto de prudencia para ayudar a la mejor resolución del conflicto.

 

El cerrojazo informativo apenas fue roto por las filtraciones de las supuestas cantidades y condiciones exigidas por los secuestradores. Fue especialmente responsable la oposición parlamentaria que tenía muy fácil poner de manifiesto la debilidad de un gobierno débil a remolque de los acontecimientos.

 

Hemos tenido días de fotos, no desaprovechadas por el gobierno, aplausos y abrazos al tener con nosotros “sana y salva” a nuestra compatriota. Fueron las palabras de De la Vega y a nadie se le escapó que también fueron esas las palabras que la propia vicepresidenta esgrimió cuando explicó, hace ya más de tres meses, la intención de su gobierno al pedirnos a todos apoyo para ello.

 

Se desataron las especulaciones sobre un presunto rescate y fueron negadas por De la Vega. Nadie la creyó pero, con pocas excepciones,  igualmente se mantuvo el silencio pedido. Una cadena árabe de televisión ha informado que la liberación de Alicia Gámez ha sido voluntaria y sin condiciones al haberse convertido la cooperante al Islam. También informan que se mantienen las condiciones exigidas para los dos españoles aún cautivos. Dicen que 3,7 millones de euros y la liberación de presos islamistas. Muy preocupante esto último.

 

Si esto fuera verdad, va a resultar que De la Vega no mintió. Va a ser verdad también que de momento ninguna de las “gestiones” del gobierno ha resultado positiva o todas han sido infructuosas. No me atrevería yo a asegurar nada en un sentido u otro. Es lo que tiene el no saber.

 

Pero la ONG de los secuestrados se ha cabreado con el gobierno por romper el pacto de discreción sobre la situación de los secuestrados. No quería el gobierno otro desgaste como el sufrido cuando lo del Alakrana. Josep Ramón Jiménez, portavoz de la ONG, responsabiliza al gobierno de la filtración de videos e informaciones. Cree que se han roto “las normas de juego” y nos cuenta que la propia Alicia Gámez dejó el pasado 29 de diciembre un mensaje de voz en el móvil de Josep Carbonell, presidente de la ONG, pidiéndoles que presionaran al gobierno y a los ciudadanos para su liberación.

 

Ellos no hicieron caso a Alicia y sí al gobierno que les pedía silencio. Se reúnen en Barcelona cada semana bajo una pancarta y prácticamente nadie les acompaña. Los medios no nos muestran fotos de eso. Alicia todavía no se ha puesto en contacto con ellos. Tampoco el gobierno. Desconocen si se ha convertido al Islam. No saben nada de las presuntas negociaciones. Confían en la liberación de sus compañeros. Todo muy preocupante. Luego les llamó el gobierno y ya no critican. Todo muy raro.

 

Lo del Alakrana se resolvió porque “alguien” pagó. Ese “alguien” pagó porque las familias, la calle, los medios y el Parlamento se llenaron de reproches y exigencias al gobierno. Ojala me equivoque. Esto no tiene buena pinta. O “alguien” paga rápido o tendrán que ser de nuevo las familias, la calle, los medios y el Parlamento quienes de verdad presionen para intentar la liberación de Albert Vilalta y Roque Pascual. Y si es verdad que las condiciones no son sólo económicas sino también políticas, entonces Albert Vilalta y Roque Pascual  van a necesitar a España entera a su lado. A su lado y en la calle.