Como señala la propia Fiscal General, el 90% de los venezolanos rechaza la convocatoria a una constituyente.

Nicolás Maduro se siente cada vez más poderoso. Más allá de la ley. Por encima de todos. Su fiebre autoritaria lo ha conmovido en sus entrañas. A punto tal, que comienza a ungir a su hijo como heredero de su trono.

Hablamos de Nicolás Ernesto Maduro Guerra, un joven adiposo que porta dos apellidos. Y que pretende ejercer el poder, como su padre. Por derecho propio, el derivado de su vinculación familiar con el hombre que hoy acapara el poder venezolano, pese a no tener respaldo mayoritario alguno.

Para ello, el “nene” Maduro será previsiblemente uno de los 545 convencionales constituyentes encargados de redactar la nueva Constitución para Venezuela que pretende su padre. Una que le dé algún “sello de autenticidad” a la estructura totalitaria que pretende para el país que hoy controla férreamente.

El jovencito, recordemos, “está en política” desde el 2013, cuando comenzara a ocupar puestos ejecutivos por el mero favor de su padre (mediante lo que los coloridos comentaristas mexicanos llamarían “dedazos”) y a, consiguientemente, recibir ingresos de alguna envergadura, que naturalmente paga el Tesoro Nacional venezolano.

Hoy –abusando de su “portación de apellido”- el hijo del presidente venezolano quiere pasar a la historia como uno de los autores de la estructura constitucional que someta al pueblo de su país, que le cercene sus libertades civiles y políticas y limite sus derechos humanos. Que lo convierta en una nueva Cuba. Ese es su sueño.

Mientas esto sucede, la Fiscal General de la República, de origen claramente chavista: Luisa Ortega Díaz, enciende todas las alarmas sobre el mismo tema. Primero porque aclara que la subordinación de la justicia ante los servicios secretos de Nicolás Maduro ha convertido ya a su país en un “estado policial” que nada tiene de “estado de derecho”. Más claro, el agua.

Agregando que, de consolidarse la Asamblea Constituyente que pretende Nicolás Maduro, “se terminaría de desmontar definitivamente la democracia”. Y abriría las puertas a la violencia porque un sector del país aniquilaría a los demás. A lo que agrega una expresión de preocupación por lo que denuncia como que “los militares se prestan para la violación de los derechos humanos en su país”. Pero, “actuando como si la justicia nunca los fuese a tocar”. Por eso ya es una perseguida política y ni siquiera puede salir de su país.

Ocurre que, como lo señala la propia Fiscal General, el 90% de los venezolanos rechaza la convocatoria a una constituyente porque sabe que así no se resuelve la crisis que padecen, ni el “calvario” que atraviesan día a día, gracias al marxismo.

Pobre Venezuela, está asomada al abismo. Mientras la región sólo expresa su preocupación por lo que “pudiera llegara a suceder” y está ya sucediendo: nada menos que la pérdida de la democracia y el pisoteo de sus libertades civiles y políticas.
 
Emilio J. Cárdenas.
Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.