Después de 10 horas de reunión, la oposición no ha firmado el acuerdo que tenía preparado Evo Morales, porque siguen existiendo muchas discrepancias sobre la autonomía de sus regiones y el reparto de los ingresos de la explotación energética.
Importantes discrepancias
Los Gobernadores de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca no firmaron el documento presentado por Morales para que pudiera convocarse el referéndum constitucional. A su juicio, los avances de las negociaciones no han sido suficientes y han dado por culminado el proceso.
Los líderes de Oruro, Potosí, La Paz, Cochabamba y Pando sí han rubricado su apoyo al documento que les presentó el presidente boliviano. Pero estas firmas le saben a poco al Ejecutivo porque todos, a excepción del de La Paz, Cochabamba y Pando, eran oficialistas y no tuvieron que negociar nada con Evo.
El portavoz de los gobernadores autonomistas, el tarijeño Mario Cossío, ha destacado que el acuerdo nacional no ha sido posible porque el Gobierno no ha satisfecho sus reivindicaciones desde el punto de vista de la autonomía y los ingresos derivados de la explotación energética.
A pesar de las discrepancias, los Gobernadores se han mostrado satisfechos con la pacificación de los enfrentamientos entre los autonomistas y los fieles a las posiciones Evo Morales. El 18 de septiembre comenzaron las negociaciones con un clima que casi hacía presagiar una guerra civil, mientras que ayer ningún observador internacional esperaba algo así.
Los miembros de la oposición han advertido que temen todavía que las fuerzas de su presidente del Gobierno vuelvan a pasar a la acción creando una nueva ola de violencia entre sus ciudadanos.
Después del fracaso de las negociaciones, el Gobierno tratará de ganar la batalla del Congreso Nacional intentando mostrarse integrador y totalmente dispuesto a “buscar acuerdos” con los líderes opositores.
“El Gobierno nacional quiere dejar claramente establecido ante el pueblo boliviano que hemos podido trabajar un nuevo capítulo de organización territorial del estado incluyendo las autonomías departamentales en el proyecto constitucional”, afirmó ayer el ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero.
Esa era la culminación tres semanas de intensas negociaciones que si bien han terminado con la ola de violencia también habrán dejado abiertas las heridas que separan la planificación socialista del presidente del Gobierno frente al libre mercado y el respeto a la iniciativa privada de las regiones mejor formadas del país.
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