Amnistía Internacional constata que las investigaciones “avanzan a un ritmo lento”, …

La lectura de cualquiera los testimonios registrados por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) en Perú, puede ilustrar la saña con que se hostigó a la población civil durante los años de enfrentamiento entre el ejército y el grupo terrorista Sendero Luminoso (SL):

Adelina García, de 47 años, recuerda cómo los senderistas dieron muerte a su suegro, mientras que ella misma fue golpeada por soldados gubernamentales hasta quedar inconsciente. Su esposo, arrestado, terminó cadáver en una fosa común en la periferia de Ayacucho.

Las masacres de diverso cuño en el país sudamericano derivaron en la triste cifra de más de 69.000 muertos. Según la citada Comisión, en el conflicto iniciado en 1980, SL fue responsable de la mitad de los asesinatos, y el ejército, de un tercio de ellos. Los uniformados veían automáticamente en la población rural el sostén de los terroristas. Un error: los guerrilleros eran temidos por los pobladores de las aldeas, pues asesinaban lo mismo a maestros de escuela, que a pastores evangélicos, sacerdotes católicos, comerciantes, y a todo aquel que quisieran considerar “enemigo de la revolución”.

Hoy, la existencia de SL es casi anecdótica. Tras el apresamiento de su líder, Abimael Guzmán, en 1992, y de su sucesor, el “Camarada Artemio”, en 2012, solo se hace mención muy esporádica del grupo, ya reducido, que opera de vez en cuando en la zona selvática del centro peruano. Pero permanecen las heridas que el enfrentamiento ocasionó a decenas de miles de familias.

El dolor de estas se acentúa con el propósito, manifestado por ex guerrilleros, de hacer de SL una fuerza política para participar del proceso democrático, y con su petición de que se amnistíe a Guzmán. Según el International Herald Tribune, algo que alarma a los peruanos es que las firmas recogidas para respaldar la iniciativa de un “nuevo” SL suman cientos de miles, y muchas de ellas pertenecen a jóvenes universitarios que no tienen recuerdos directos de la guerra.

“Eso demuestra que muchos jóvenes no saben nada acerca de lo que ocurrió”, afirma Fernando Carvallo, director del Sitio de la Memoria, erigido en Lima para conmemorar el conflicto.

Las raíces, intactas

Precisamente la creación de la CVR peruana, en 2003, quiso responder al objetivo de no dejar los crímenes a merced del olvido y la impunidad.

El trabajo de la Comisión se ha dirigido, por tanto, a favorecer la reconciliación entre el Estado –incluidas las Fuerzas Armadas− y la sociedad, y entre los miembros de comunidades o instituciones que se vieron enfrentados a causa de la violencia generalizada.

Para lograrlo, la CVR ha propuesto dos herramientas. La primera de ellas es establecer una política de reparación a las personas afectadas física y psicológicamente por la guerra –además de una compensación económica–, y el asentamiento de las bases de un desarrollo económico que, por su justicia, haga imposible el rebrote de la violencia.

Pero, aunque Perú tiene un crecimiento sostenido que para este año estará en torno al 5%, al acabar junio la Defensoría del Pueblo registraba 247 conflictos sociales, muchos de ellos motivados por reclamos a empresas mineras foráneas, bien para que amplíen su aporte al desarrollo económico local, bien para que sus inversiones no provoquen daños medioambientales.

Compensaciones a las víctimas

En cuanto a las compensaciones a las víctimas, han sido irregulares. Doris Caqui, presidenta de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política, dice que ha habido avances en la reparación colectiva, pero no en las individuales. “Es más, nuestra situación se complicó cuando, a un mes de su salida, [el presidente] Alan García promulgó un Decreto Supremo, nefasto para todos los afectados, pues cierra el Registro Único de Víctimas, dejando fuera a quienes no lograron inscribirse en la fecha mencionada, y establece un monto totalmente indignante que no repara en absoluto el daño causado, ni permite rehacer su vida a los familiares de las víctimas”.

La segunda herramienta para aliviar las consecuencias de la guerra es, según propone la CVR, hacer justicia. En 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre el asesinato de monseñor Oscar A. Romero en El Salvador, destacó que la creación de las Comisiones de la Verdad “no está basada en la premisa de que no habrá juicios, sino en que constituyen un paso en el sentido de la restauración de la verdad y, oportunamente, de la justicia”.

En el caso peruano, si bien esa es la dirección trazada, Amnistía Internacional constata que las investigaciones “avanzan a un ritmo lento”, y cita el caso del juicio contra el general retirado Carlos Briceño y otros seis altos mandos, en relación con las torturas y las desapariciones cometidas en un cuartel de la provincia de Huamanga, en 1983. En mayo de 2011 comenzó el proceso, y a estas alturas aún no ha concluido. Las excavaciones alrededor de la base militar sacaron a la luz los restos de más de 110 cadáveres, pero Briceño dice que no recuerda “nada”…