A seis semanas del inicio del Gobierno de José Antonio Kast, el escenario político chileno se caracteriza por una elevada actividad prelegislativa, la implementación de medidas económicas de corto plazo y un clima ciudadano marcado por expectativas contrapuestas. El Ejecutivo ha definido como prioridad avanzar simultáneamente en tres ejes estratégicos enmarcados en un Plan de Emergencia: una reforma económica orientada al crecimiento y al empleo formal, una agenda de seguridad pública y un conjunto de iniciativas para enfrentar los desafíos asociados a la migración irregular.
En este contexto, el Gobierno ingresó al Congreso su primer proyecto estructural: el plan de “Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social”, compuesto por más de 40 medidas destinadas a reactivar la economía, reducir el desempleo y acelerar la reconstrucción en zonas afectadas por incendios. La relevancia del proyecto radica tanto en su alcance, como en su oportunidad. En la experiencia reciente, reformas económicas de esta magnitud suelen presentarse una vez completada la fase inicial de instalación gubernamental. El adelantamiento del envío ha generado un debate político intenso, especialmente desde sectores opositores —Frente Amplio, Partido Comunista y parte del socialismo— que han cuestionado el enfoque general del proyecto, enfatizando posibles efectos distributivos regresivos. Esta crítica ha contribuido a instalar marcos comunicacionales simplificados
que contrastan con el detalle técnico de las medidas.
A este cuadro se suma el impacto político del alza de combustibles derivada del conflicto en Medio Oriente. Mientras diversos países optaron por un traspaso gradual del incremento internacional hacia los consumidores, el Gobierno chileno aplicó el ajuste de manera inmediata, complementándolo con subsidios focalizados: congelamiento del precio de la parafina, mantención del valor del transporte público en la Región Metropolitana, apoyos directos a pequeños transportistas, entre otros. Pese a estas medidas compensatorias, la oposición enfatizó la idea de una respuesta insuficiente frente a las presiones sobre el costo de vida. El efecto en la opinión pública fue significativo: el Ejecutivo experimentó una caída de entre 12 y 14 puntos de apoyo en una semana, desde niveles superiores al 50%.
La encuesta CADEM de la tercera semana de abril permite observar con mayor precisión la brecha entre percepción y contenido. Ante la consulta por el Plan Nacional de Reconstrucción, un 45% de los encuestados se declara a favor y un 49% en contra, cifras que configuran un virtual empate considerando el margen de error. Sin embargo, al evaluar las medidas de manera individual, siete de las diez propuestas alcanzan apoyos entre el 50% y el 77%. Este contraste evidencia una disociación entre la valoración del paquete completo y la evaluación de sus componentes específicos. Adicionalmente, un 49% de los encuestados afirma que la reforma beneficia principalmente a “los más ricos”, lo que sugiere que la disputa se desarrolla principalmente en el plano comunicacional.
En paralelo, el Ejecutivo ha desplegado un trabajo prelegislativo sostenido. El 15 de abril, el Presidente José Antonio Kast presentó públicamente en cadena nacional la magnitud del proyecto, destacando tanto su dimensión económica, como su impacto esperado en la clase media y los grupos más vulnerables. Durante las semanas previas al ingreso formal, los ministros del área política y el ministro de Hacienda realizaron un proceso de socialización con parlamentarios y partidos oficialistas, extendiendo luego el diálogo a sectores de oposición. Según estimaciones del oficialismo, esta fase permitirá asegurar más de 90 votos -cuando el quorum simple es de 78 votos- para aprobar la idea de legislar en la Cámara de Diputados, con apoyo de las bancadas oficialistas, independientes y el Partido de la Gente (PDG).
Este trabajo prelegislativo se desarrolla en un entorno donde la discusión pública ha tendido a la simplificación y a la confrontación discursiva. La izquierda, principalmente el FA, PC y parte del PS han levantado distintos argumentos en contra de la iniciativa, incluso han anunciado la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional. En este escenario, el apoyo de partidos como la Democracia Cristiana (DC) y el Partido por la Democracia (PPD) permanece incierto en cuanto a su votación en particular frente a las medidas que tienen amplio respaldo popular.
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Informe preparado por el Programa Política y Sociedad Civil, Libertad y Desarrollo.
Responsable: Rodrigo Ubilla rubilla@lyd.org
