Con los estantes de todo el planeta ya repletos de mercaderías chinas fabricadas a costos mínimos, el gigante asiático ha tomado nota de los límites de su modelo de crecimiento y puesto la mirada en un potencial consumidor mucho más cercano: su propia población rural.

Para convertir a unos cuantos millones de personas en consumidores activos de bienes y servicios, Pekín ha diseñado un gran plan para que millones de residentes del ámbito rural se trasladen hacia las ciudades, motores de la demanda interna. Pero ello precisa inversiones ingentes y emprender algunas modificaciones en el arcaico sistema de registro de residencia –el denominado “hukou”– que prácticamente encadena al ciudadano a su lugar de nacimiento.

El mecanismo, creado por Mao Zedong en 1958, perseguía por una parte planificar la provisión de los recursos y los servicios a la población, y por otra, controlarla. Sin embargo, el resultado más palpable ha sido precisamente el opuesto al ideal igualitarista de Mao, con la abrupta división de la población china en dos estratos: el de los que tienen permiso de residencia en las ciudades, con acceso a una mayor gama de servicios sociales y oportunidades de formación y empleo, y el de los nacidos en el campo, con muchas menos posibilidades de servicios, y una renta mucho menor.

Los que ya se fueron
Por supuesto, mucho antes de que el gobierno del Partido Comunista se diera cuenta de las ventajas utilitarias de urbanizar a grandes masas de población, ya muchos chinos habían hecho las maletas y tomado el tren hacia las ciudades: se han ido 560 millones desde 1978, y se estima que, hasta 2020, lo harán otros 100 millones.

Hasta este momento, no obstante, quienes se marchan se ven marcados como a hierro por su hukou rural, que les impide, allí donde se asientan, matricularse en la universidad, acceder a la atención sanitaria pública, o cotizar para su jubilación. Actualmente, el 54% de los 1.400 millones de chinos viven en las ciudades, pero solo el 36% están registrados como residentes urbanos.

 

Actualmente, el 54% de los chinos viven en las ciudades, pero solo el 36% están registrados como residentes urbanos

 

Tan rígido es el esquema que ni aun las catástrofes naturales pueden hacer primar lo humanitario sobre lo estrictamente administrativo. En 2012, una tormenta en Pekín causó daños severos, tanto en viviendas de residentes legales como de trabajadores inmigrantes de otras zonas del país. Las autoridades locales auxiliaron con mantas, alimentos, agua y refugios provisionales únicamente a quienes estaban registrados en el padrón local, mientras que se desentendieron de los inmigrantes rurales. A fin de cuentas, ¿a quién le importaba cómo se las arreglarían unos ciudadanos “de segunda”?

Viviendo entre tuberías
Los habitantes de las ciudades chinas que no poseen el permiso de residencia urbano trabajan, consumen, existen, ¡pero es como si no existieran! De hecho, las viviendas de muchos de estos inmigrantes no se localizan en lugares visibles de la periferia de las urbes, como sucede con las villas-miseria de América Latina, que dan una triste silueta a las ciudades.

En China no. Los inmigrantes del campo se acomodan como pueden en estrechos locales ubicados en el sótano de grandes edificios, o en refugios construidos hace cuatro décadas a decenas de metros bajo el asfalto, cuando se temía un bombardeo atómico soviético. Arriba todo refulge y ruedan los Lamborghini y los Mercedes Benz. Abajo, los recién llegados pagan un alquiler por vivir entre las tuberías del desagüe y las de la calefacción, se duchan por turnos en baños colectivos y sobornan al vigilante para que les deje entrar un hornillo con el que cocer sus alimentos.

La “tribu de las ratas” les llaman. Solo en Pekín hay más de 280.000 personas en esa situación, aunque algunos informes hablan de un millón. Por lo general, quienes han dejado atrás la tierra y se deciden a vivir en estas condiciones son individuos jóvenes, con educación secundaria, que se emplean en la manufactura, el comercio y la hostelería.

 

Quienes no tienen un permiso de residencia urbano no pueden acceder a los servicios educativos y sanitarios de la ciudad

 

A diferencia de otras latitudes, donde un ejército de parados se planta junto a las ciudades a la espera de que algo caiga, en China los inmigrantes internos van hacia la urbe en la medida en que esta va creando empleos estables.

Sin derechos sociales
Los inmigrantes llegan, pues, a las ciudades necesitadas de su trabajo, pero estas no les reconocen los mismos derechos que a los nacidos con hukou urbano. La injusticia con dos factores: el de la educación y el de las jubilaciones. En lo que se refiere a la educación, aunque se ha elevado en nueve grados la escolaridad de los ciudadanos de zonas rurales, en las zonas urbanas hay más jóvenes en posición de acceder a una carrera universitaria, lo que les está vedado a quienes, aun con el talento necesario, no pueden matricularse legalmente en los centros de estudios superiores por el pesado grillete de su hukou.

En cuanto a las pensiones, bien puede el trabajador inmigrante dejarse la piel en un taller de la ciudad, que al final el sistema no le permite computar el tiempo trabajado en una provincia para que tenga validez en otra a efectos de la jubilación. Fuera del salario inmediato –normalmente menor que el de un autóctono–, su labor no le generará ningún otro beneficio.

Infraestructuras para acoger a los ex campesinos
El plan del gobierno prevé facilitar servicios educativos y sanitarios a 100 millones de ex campesinos que ya están malviviendo en las urbes y a otros 100 que se espera lleguen hasta 2020. Para entonces, el 60% de la población china será urbana.

Además, se destinarán recursos a la construcción de viviendas, carreteras, líneas férreas, hospitales y escuelas, a medida que las ciudades de tamaño menor y medio comiencen a recibir paulatinamente a los nuevos vecinos. La posibilidad de que los campesinos opten a un permiso de residencia urbano se limita a las poblaciones de menos de cinco millones de habitantes. Esto deja fuera del esquema a megalópolis como Pekín, Shanghái y Guangzhou.

¿Significará esto la liquidación del hukou? ¿La libertad completa para cada ciudadano de asentarse donde lo estime oportuno en aras de su realización personal?

Muchos lo dudan. En opinión de Dan Guoying, experto en desarrollo rural de la Academia China de Ciencias Sociales, “los dirigentes temen que suprimir por completo el sistema de hukou incremente demasiado la presión sobre las finanzas públicas”. Y es que extender los servicios sociales en todo su alcance a los millones de nuevos inmigrantes que vivirán en ciudades en 2020 puede costar mucho dinero al erario público.

El cálculo ignora la variable del incremento de la capacidad de consumo de los habitantes urbanos, quienes suelen tirar con más fuerza de la economía.

Que el acceso de más y más personas al manejo de las nuevas tecnologías y a la formación profesional induzca a generar puestos laborales de mayor especialización y a pagar mejores salarios, supondrá en algún momento un aumento de los costos laborales, lo que puede incidir en una reducción de las “competitivas” exportaciones chinas. Pero si a cambio de este “sacrificio” se alcanzan mayores cotas de justicia social, si se amplía el abanico de oportunidades para más ciudadanos, ¿acaso no habrá valido la pena?

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