México es un gigante… que cojea. Un país que exporta diariamente mercancías por más de 1 200 millones de dólares, pero que no ha logrado dotar del mismo vigor de consumo al mercado interno. Un sitio de contrastes, en el que el 20 por ciento de los más ricos gana 13 veces más que el 20 por ciento más pobre.
La undécima economía mundial exhibe, además, un indeseado índice del 21,4% de pobreza relativa, el mayor entre los países que integran la OCDE, y cifras también muy mejorables en temas como la educación, la calidad del aire y el agua, y la duración de la jornada laboral (los mexicanos trabajan 2.226 horas anuales, frente al promedio de 1.765 de la OCDE).
¿La paradoja? Que nadie se corta las venas, pues el 82% de las personas dice tener más experiencias positivas que negativas en un día normal (el promedio del resto es de un 76%).
El paquete de reformas ha incluido cambios audaces y necesarios, como la apertura del sector energético a la inversión privada
Paquete de reformas
No obstante, no es cosa de fiarlo todo al optimismo de la gente. Por ello, en 2012, apenas 24 horas después de tomar posesión del cargo, el presidente Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció un Pacto por México, al que se sumarían las principales fuerzas políticas del país, con el objetivo de mejorar la calidad de la democracia e impulsar un crecimiento económico que hiciera posible generar empleos de calidad, así como disminuir la pobreza y la rampante desigualdad social.
El paquete de reformas sancionadas por el gobierno desde entonces ha tocado los principales ejes de la vida del país. Las telecomunicaciones, las infraestructuras, el sistema impositivo, el político-electoral, y aun el sector energético —la joya de la corona—, han sido motivo de debate y de aprobación de nuevas leyes en un proceso no exento de contradicciones: si para algunos las modificaciones se han aplicado sin una reflexión pausada sobre sus consecuencias, para otros se han cometido verdaderos “sacrilegios” en un asunto como la apertura del petróleo a la empresa privada. De hecho, una fuerza como el Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda) se retiró del Pacto con un sonoro portazo, y lanzó la advertencia al Ejecutivo de que impulsará un referéndum popular sobre la medida en 2015.
Energía: bajar los precios, diversificar los
productos
Cuando en 1938 el presidente Lázaro Cárdenas decidió nacionalizar los hidrocarburos y pagar las debidas indemnizaciones a las compañías estadounidenses, holandesas y británicas que regían el sector, las damas ricas entregaron sus joyas y los pobres sus aves de corral para saldar la deuda. El tema se volvió, pues, un asunto de dignidad nacional.
Sin embargo, los grandes gestos del pasado no han bastado para contener el declive del ramo, y a día de hoy, la burocratizada PEMEX (la enorme empresa bandera del petróleo) no es capaz de producir los derivados necesarios para el mercado nacional, ni de aumentar las prospecciones necesarias para suplir la demanda, ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha podido bajar los precios de la electricidad, mucho mayores que en EE.UU., lo que hace plantearse a algunas grandes empresas, entre ellas las fabricantes de coches, si merece la pena continuar invirtiendo en el país.
¿Qué puede esperarse de la reforma energética del PRI?, pregunto al analista mexicano Fernando Bolaños, del Grupo Financiero Monex:
Con la aplicación de un ambicioso plan para modernizar las infraestructuras del país se espera reactivar la economía
“El punto medular de esta medida, que es histórica para México, es la participación de las empresas privadas en un sector que antes era considerado exclusivo del gobierno. La exploración, la producción de petróleo y gas, su distribución, la generación eléctrica, estarían abiertas a la iniciativa privada, lo que en términos de oferta y demanda, significaría un aumento de la oferta de todos estos insumos, e indirectamente disminuiría los precios de los energéticos en el país, al menos en el mediano plazo. Obviamente, no es una situación que se dé de golpe, porque se tienen que construir todos los proyectos. Cuando se concluyan, en unos tres o cuatro años, ya podremos ver los beneficios”.
— Una de las mayores insatisfacciones actuales son los altos precios.
— Efectivamente, los costos son muy altos, y ello se aprecia no solo en los precios de la gasolina, sino en los de la electricidad. Y no es cuestión solo de costos, sino de escasez de algunos productos, de algunos derivados energéticos. Con la reforma, se trata de hacer mucho más eficiente tanto a Pemex como a la CFE, y al mismo tiempo tratar de sacar mayor provecho de las riquezas naturales. Sí: hay una apertura a la gestión privada, pero según está estructurada, la idea es que beneficie a los consumidores, y que sea una empresa que le reporte a México los mayores beneficios. Ese es el objetivo.
El gasto, en función del crecimiento
Modernizar las infraestructuras del país es otra de las metas del gobierno del PRI, y de las arcas estatales saldrán el equivalente a 411.000 millones de euros con ese fin. Entre 2014 y 2018 se pretende edificar aeropuertos, carreteras, puertos, centrales eléctricas, complejos petroleros, gasoductos, presas, hospitales, hoteles, redes ferroviarias, etc., en un programa que generaría 350 000 empleos adicionales al año y contribuiría con dos puntos porcentuales al crecimiento económico.
Hasta julio, no obstante, The Economist advertía que los contratos para la edificación de infraestructura —que se suponía “lloverían” este año— eran aún escasos. Los ingentes recursos que el gobierno había anunciado como gasto público, en un giro copernicano frente a las políticas neoliberales que recomendaban al Estado observar desde el banquillo y no entrometerse, no acababan de ser puestos sobre la mesa, y algunas voces acusaban al “cerebro” de las reformas, el ministro de Finanzas Luis Videgaray, de excesivo celo en la concesión de las licencias.
Se ha ampliado la competencia en sectores como las telecomunicaciones, y ha aumentado la carga fiscal
El Ejecutivo, sin embargo, ve las cosas de otro color, y en el II Informe sobre su gestión, hecho público en días pasados, el presidente Peña Nieto desgranó los logros del amplio programa de reformas, incluido el impulso a las infraestructuras. Así, anunció la construcción un nuevo Aeropuerto Internacional de seis pistas en Ciudad de México, que sustituiría al actual, la ampliación del Metro capitalino, y la instalación de 3.100 kilómetros de gasoductos.
En cuanto a la reforma de las telecomunicaciones —que según una opinión extendida se concibió para cortarle un poco las alas a la empresa América Móvil, del multimillonario Carlos Slim, en favor de Televisa—, el mandatario se congratuló de las “medidas y mecanismos” aplicados para “regular a los agentes con mayor participación de mercado”. Una mayor competencia, en todo caso, contribuirá a bajar los precios, y es lo que espera finalmente el consumidor.
Mayores cargas fiscales
Una reforma fiscal también fue incluida en el paquete de transformaciones del PRI, y entre sus líneas fundamentales estaba gravar un grupo de servicios y de productos —desde la goma de mascar hasta la comida basura—, e incrementar en dos puntos porcentuales los impuestos a las rentas más altas.
El analista Fernando Bolaños estima que, en conjunto, la aplicación de las reformas puede aumentar el crecimiento económico del país, pero tiene una opinión diferente sobre las modificaciones introducidas respecto a tasas e impuestos: “La reforma fiscal —asegura— no se está llevando a cabo de la mejor manera. Tan es así, que si observamos el PIB en el primer trimestre y todas las afectaciones que ha tenido esta reforma para los consumidores, pues veremos que no ha sido la mejor de las fórmulas. Hay que tratar de que el edificio de las reformas sea más equitativo”.
— ¿Dónde estaría el problema?.
— Hay varias situaciones, como el incremento de los impuestos sobre la renta, la cantidad que puede deducirse de los impuestos, la homologación al alza del IVA a nivel nacional, en fin, una batería de impuestos que al final tienen un impacto en el consumidor, quien termina soportando una mayor carga fiscal. No es lo más positivo en este sentido, sobre todo para las personas que se encuentran dentro del sistema formal de paga, pues hay que considerar que de las personas económicamente activas, cuatro de ellas están en el sector formal y pagan impuestos, mientras que seis estarían al margen”.
— Según lo que Ud. constata, ¿cuál es la percepción social sobre esta y el resto de las reformas implementadas por el gobierno del PRI?.
— Creo que hay posturas divididas. Hay que considerar que aquellos que votaron por el PRI, el PAN y el Partido Verde son la mayoría de los mexicanos, por lo que teóricamente podría decirse que una mayoría de los ciudadanos apoya estas transformaciones, pero
en la opinión pública hay una corriente contraria,
principalmente, a la reforma energética.
Desde la Presidencia, no obstante, un asesor advierte: “El presidente gobierna sin pensar en las encuestas ni en la popularidad”. Si al final México gana o no en bienestar social, prosperidad económica y seguridad, serán las urnas las que tendrán la palabra.
Generar un impacto social
El informe del presidente Peña Nieto sobre el avance de las reformas mencionó varias medidas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, en un país con una amplia brecha social:
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El Sistema de Protección Social en Salud ha incorporado a 6,5 millones de mexicanos más.
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El Programa Escuelas Dignas ha rehabilitado más de 2.600 colegios.
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Se ha duplicado el Programa Pensión para Adultos Mayores, al incorporar a más de 2,7 millones de personas.
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A través del Servicio Nacional de Empleo, 2,2 millones de personas obtuvieron un puesto de trabajo.
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Se ha creado la Gendarmería, para proteger a los ciudadanos en aquellas regiones donde sea necesario.
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Mediante la Cruzada Sin Hambre se han instalado 4.522 Comedores Comunitarios.
Fuente: Excélsior.
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