Que en un país más pequeño que la provincia de Badajoz se produzcan 14 asesinatos diarios, deja muy en claro que se trata de una sociedad enferma de violencia. Es lo que sucede en El Salvador, tierra de innumerables bondades naturales y de gente hospitalaria, pero que lamentablemente suele suscitar más atención por la inseguridad —solo en mayo se reportaron 356 muertes—, muy relacionada con la acción de las pandillas o “maras”: la Salvatrucha y la Barrio 18, con las que el gobierno anterior fraguó una tregua hace año y medio.
Quizás siguiendo ese ejemplo, las sucursales de estas
bandas en la vecina Honduras —también están presentes en Guatemala— pactaron su tregua particular un año atrás y decidieron cesar los reclutamientos y la extorsión. En El Salvador, el objetivo era disminuir los índices de homicidios, pero en los días previos al relevo presidencial(1) se volvieron a disparar.
Alguien que ha seguido muy de cerca el proceso esJaime R. Zablah Siri director ejecutivo de la Fundación
Antidrogas, que trabaja en la rehabilitación y reinserción laboral de ex pandilleros. Jaime conoce a varios de esos jóvenes tatuados con motivos de muerte, ante los que cualquiera se cambiaría instintivamente de acera, y les ha tendido una mano.
—¿En qué situación se encuentra la tregua?
—Primero hay que decir que en esta tregua hay dos partes. Una es la tregua de adentro de los centros penitenciarios —con la cual no estoy de acuerdo—, y otra, la que involucra a los pandilleros que están fuera. Cuando se inició, se trataba de una pausa para que los pandilleros presos dejaran de ordenar asesinatos y extorsiones desde adentro, por lo que se les concedían ciertos privilegios. Mi pelea con eso, con el sistema penitenciario, es que un pandillero que está ordenando crímenes no debería tener privilegios.
Por otra parte, en el país hay más de 30 diferentes pandillas, pero son dos las más fuertes: la Mara Salvatrucha (MS) y la 18, que cuando se sientan a negociar con el gobierno concurren como aliadas. Así, unidas dentro de los centros penitenciarios, se han visto fortalecidas.
Ahora bien, de los que están dentro y no quieren dejar las pandillas, hay dos tipos: unos que no quieren abandonar la violencia, con quienes la única solución es aplicar la ley, y otros que toman la pandilla como un club. Para ellos es un orgullo pertenecer, pero no han cometido crímenes. A estos sí estoy de acuerdo en que se les debe ayudar.
En cuanto a los que están en la calle, hay dos tipos de pandilleros: los que no quieren dejar la banda, que es en quienes se enfocó la tregua, y los que sí quieren rehabilitarse. En la FA hemos estado trabajando en la reinserción de estos, para lo que les ayudamos en un proceso psicológico-psiquiátrico, en la remoción de tatuajes, en la formación laboral, y les conseguimos trabajo, con la certeza de que quieren cambiar su forma de vida.
Yo me reúno de vez en cuando con pandilleros activos, y que están buscando formas de sostenerse. Es difícil colocarlos, porque la sociedad no confía todavía en ellos, lo cual entiendo. Pero ha habido empresarios muy valientes que les han abierto las puertas a varios de ellos, incluso con récord criminal.
Sí, la tregua sigue. En este momento, tras las elecciones, hay poco apoyo del gobierno y está habiendo nuevos ingresos a las pandillas. Pero el proceso sigue, y hay 11 municipios libres de violencia. Durante la campaña, las pandillas fueron tema de debate electoral, por lo que ahora se preguntan qué va a pasar.
– ¿De dónde viene esta inclinación a la violencia?
– La edad promedio de los pandilleros es de 25 años. ¿Cuándo fue la firma del acuerdo de paz [entre gobierno y guerrilla] en el país? Hace 22 años. Estos jóvenes son los hijos de los policías, de los guerrilleros, y nacieron en hogares violentos, en los que el abuso sexual era lo normal, donde había armas por todos lados, donde eras más macho y más te dabas a respetar si más golpeabas a tu mujer.
De modo que hay que empezar con un verdadero programa de prevención de la violencia doméstica y contra la mujer, y de fortalecimiento de la estructura familiar. El gobierno de Antonio Saca (2004-2009) tenía programas de prevención en las cárceles, en los centros escolares, en las ONGs, en los centros de rehabilitación gubernamentales, pero el gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) quitó los fondos y los destinó a hacer Ciudad Mujer, que es un tremendo proyecto, pero es solo uno, no la solución de todo.
Hay una dinámica lamentable: cuando manda la derecha, ‘la izquierda no sirve’; cuando manda la izquierda, ‘la derecha no sirve’. Deberían estar unidas en la educación, en la prevención, en qué hacer con las pandillas, y no empecinarse en deshacer todo lo que ha hecho el gobierno anterior.
¿Paz a cambio de privilegios?
—¿Cómo percibe la población la tregua de las maras?
—Hay una gran confusión. La población está de acuerdo en que algo hay que hacer, en que hay que trabajar en la rehabilitación y la reinserción de los pandilleros, pero rechaza que estos tengan privilegios y opina que se ha actuado de modo equivocado. Hay pandilleros presos que tienen visitas íntimas, pero a veces hasta dos o tres veces a la semana. Los pasan a prisiones de menor seguridad, los sacan a entrevistas periodísticas, entonces la población se asombra. Se sabe que hay que evitar que las pandillas se fortalezcan, pero no lo vemos.
—Hablemos de los mareros. ¿Cuál es el perfil?
—Pues hay dos tipos. Están los mayores, con una edad promedio de 25 años, que saben leer, escribir, y los menores, de unos 17 años, que suelen ser analfabetos. Hay de todo, pero algo los une: la pandilla les dio algo que necesitaban, y que podía ser protección, familia, o un sentido de pertenencia a algo que la sociedad no les supo brindar.
El Salvador es un país altamente machista: aquí le das duro a la mujer y es un mérito; y ‘vamos a llevar al hijo macho de 12 años al prostíbulo para que sepa qué es una verdadera mujer’, y enseñarle a beber a los 14 años.
Te cuento el caso de una niña, de nombre Flor. Tiene 15 años, pero tenía 13 cuando llegó a la Fundación. Tuvo un hijo a los 12 años, y el padre era su propio padre. Era papá y abuelo. Cuando me senté con él, me dijo: ‘Mire, don Jaime, Florcita va a ser mía, y lo será hasta el día que se case’, y me lo dijo con la mayor naturalidad. Hoy el padre está en la cárcel y la madre en rehabilitación. He caído en la cuenta de que nuestra sociedad está enferma, y nosotros en muchos casos no estamos haciendo nada para educar. Tenemos que empezar por la estructura familiar, con la prevención. .
—¿Qué proyectos han funcionado en el rescate de los miembros de las pandillas?
—Uno es el de nuestra Fundación. El año pasado logramos sacar a 346 pandilleros y brindarles un trabajo formal. La Fundación se mueve y gestiona, pero tiene que ver mucho con la apertura de la empresa privada. Tengo, por ejemplo, el caso de un joven que llegó con 26 años a la Fundación, tras 10 años en la cárcel. Me dijo que había estado allí por haber asesinado nada menos que a 22 personas, y que había tenido que hacerlo, porque habían agredido a su familia. Hace 18 meses que está trabajando en una maquila, y su línea es un 18 por ciento más productiva que las del resto”.
Hay que acabar con el mito de que los pandilleros no pueden salir de las maras porque los matan. Es mentira, pero hay dos requisitos muy importantes para poder salir. El primero, que no se remuevan el tatuaje con el nombre de la pandilla. A aquellos que tienen tatuada en la cara la expresión: “Yo amo a Satanás”, sí se lo vamos a quitar; pero si alguien se ha tatuado el nombre de la pandilla y se lo quita, la mara lo considera como una ofensa. No les importa que salgas, pero quitarte los tatuajes es casi como escupirles en la cara. Muchos de ellos fueron muy inteligentes al tatuarse la cabeza, la espalda, pero no la cara. Otros no.
El apoyo de la Iglesia
El segundo requisito es que salgan por motivos de conversión. Si ellos dicen que creen en Dios y empiezan a demostrarlo, los dejan marcharse. Nuestro trabajo es acercarnos a la iglesia —no importa la denominación—donde los reciban. Allí pasan de tres a seis meses, hasta que el pastor o el sacerdote me dice: ‘Tengo a tantas personas listas’, porque han evidenciado un cambio, y entonces entran a la Fundación.
Esto es impresionante, porque demuestra que de alguna manera respetan a la religión, respetan a Dios; saben que hay una esperanza para ellos tarde o temprano. Los pandilleros tienden a matar a quienes están tratando de sacarle gente de su grupo, pero nunca han matado ni a un sacerdote ni a un pastor, porque saben que ellos pueden ser su propia salida.
Por cierto, volviendo sobre los tatuajes, ¿sabes que el más tatuado es el que tiene menos poder? Sí, porque muchas veces son castigos. Les dicen: ‘Bruto, te vas a tener que tatuar ahora en la cara’, y allá van. Al que más temor le tengo yo es al que no aparenta, al que no tiene nada en la cara. Ese es el menos tonto. El que sabe que puede meterse en cualquier ambiente y nadie lo va a reconocer, y es quien manda a los otros. Muchos de esos tatuados son unos inocentones.
En cuanto a otras iniciativas, te puedo citar la del P. Toño (Antonio Rodríguez, un sacerdote español), que tiene un proceso similar al de la Fundación, de reinserción. No tiene la parte psicológica, pero sí la remoción de tatuajes. Creo que la Iglesia debe hacer el trabajo que hace él, y el que hizo el capellán del ejército, Mons. Fabio Colindres, que es trabajar por el alma de las personas.
El apoyo a la tregua por parte de la Iglesia fue muy controversial, porque lo que hacía Mons. Colindres era llegar a las cárceles y dar apoyo espiritual, y fue entonces que se reunió con el ex líder guerrillero Raúl Mijango y llegaron al tema de la tregua. El propósito era el correcto: hablar con los pandilleros para que los crímenes disminuyeran, pero cuando se armó la tregua, la percepción fue que la Iglesia se estaba metiendo en un proceso político a defender a los criminales. No se percibió que la labor de Mons. Colindres era la que debía hacer como pastor.
El problema de las cárceles
—¿Habrá un momento en que el país deje de ser noticia por el tema de la criminalidad? Se afirma que los salvadoreños están emigrando, no solo para buscar una vida mejor, sino para poner la vida a salvo.
—Es cierto. Un año atrás el tema económico era la mayor preocupación de la gente, pero ahora es la violencia, por eso se van.
Yo veo que puede haber una salida, que no es solo trabajar en la pacificación. Tenemos el problema de las cárceles. Si vamos al penal de Mariona, con capacidad para 800 reclusos, encontramos 5.500. Hay que sacar de las cárceles a quienes ya no tienen que estar. Hay gente presa… por haber fumado marihuana. ¡Por favor!, llevémosla a centros de rehabilitación, no a la cárcel.
El Salvador tiene 28.000 ciudadanos privados de libertad, en una población de 6,6 millones. Un porcentaje elevadísimo. Hace cinco años eran 16 000. Hay enfermos terminales, por ejemplo, que deberían regresar a sus casas a morir dignamente. Hay personas con más de 90 años, sentenciadas en su momento a 40 años, que deberían salir ya. Y personas que han cumplido la pena, pero que nunca fueron formalmente sentenciadas. Es horrible.
El gobierno tiene que actuar en diferentes áreas. No solo en la represión, sino en la rehabilitación dentro de los centros penitenciarios, en los que se debe trabajar para que la persona sea mejor una vez puesta en libertad. Y volcarse en la prevención, sin que se vuelva un tema partidista, sin pretender que los programas den resultados ‘durante mi mandato’, que es solo de cinco años. Creo que esta generación va a ser muy difícil cambiarla, pero sí podemos empezar a apostar por la siguiente, por la de los niños de hoy. Necesitamos que venga la OEA y nos ayude, y así otros organismos, y que el Sistema de Integración Centroamericano involucre también a la UE.
Yo veo la salida, insisto, pero no a corto plazo. Necesitamos encontrar políticos que se involucren en el tema, que se apasionen; a los que les interese no el bolsillo, sino el bien de la nación, el bien de la ciudadanía, y que sientan respeto por los ciudadanos que los eligieron.
Notas
(1) El ex líder guerrillero Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, asumió la presidencia del país el 1 de junio, para un segundo mandato de cinco años de su partido. Entre sus prioridades declaradas está combatir la violencia “con todos los instrumentos legales y coercitivos del Estado”, pero también erradicar sus causas estructurales y brindar “más oportunidades a la gente”.