Hablar de “avalanchas” para referirse a los grupos de inmigrantes africanos que intentan cruzar a territorio español a través de la verja en Melilla, no ayuda mucho a la comprensión del problema, y sí a inducir rechazo hacia ellos. Son ante todo personas que huyen de guerras y de condiciones de vida precarias.
Según Frontex, la agencia de fronteras de la Unión Europea (UE), en 2013 pasado los inmigrantes ilegales en la Unión eran 344.000, número que prácticamente no ha subido ni bajado en los últimos tres años. La imagen de las vallas y los africanos de manos ensangrantadas, o hacinados en embarcaciones inseguras, no son, sin embargo, el reflejo más exacto de las vías más usuales de inmigración ilegal. El grueso de quienes viven hoy sin papeles en el bloque comunitario ingresó… por los aeropuertos. “La mayoría entraron en posesión de un documento de viaje válido y con una visa cuya validez ya expiró”, añade la web de Frontex en su introducción a un gráfico en el que describe las rutas de quienes sí llegan por mar o por tierra.
El año pasado se denegó la entrada en la UE a 318.000 personas, el 60% por parte de España.
La valla es solo el último obstáculo
Son normalmente estos últimos los que concitan mayor atención de parte de la opinión pública y los que cuentan historias de viaje más desgarradoras. En el caso de los inmigrantes que intentan cruzar a Melilla, las vallas son quizás la parte más fácil del trayecto. Antes tienen que sortear obstáculos como la ferocidad de la policía marroquí, que hace un año arrasaron los campamentos de subsaharianos que esperaban una oportunidad para saltar la valla, con el resultado de ocho muertos y 40 heridos graves.
Pese a todo, 3.500 inmigrantes africanos han conseguido entrar en Melilla en lo que va de año. Otros, según algunas denuncias, también saltaron la valla pero fueron devueltos inmediatamente al otro lado, sin darles ocasión a que se revisaran sus casos. Según el artículo 33 de la Convención de Ginebra de 1951, ningún Estado puede expulsar a un refugiado adonde peligre su vida o su libertad. Las personas que pidan asilo deben presentarse “sin demora” a las autoridades y alegar “causa justificada de su entrada o presencia ilegal”.
Siempre que respeten la Convención, los Estados tienen derecho a controlar la inmigración. El año pasado se denegó la entrada en la UE a 318.000 personas, el 60% por parte de España. Gil Arias, director adjunto de Frontex, apuntaba enEl País que “la mayoría de inmigrantes que tratan de saltar la valla ni siquiera tienen documentación, por lo que se dan las condiciones para denegarles la entrada”; pero “el sistema empieza a quebrar si no se llegan a analizar sus circunstancias”.
La UE prepara un Sistema Europeo Común de Asilo, para repartir el peso de las peticiones entre los Estados miembros
¿Una solución? En los consulados
Los países de entrada, sobre todo Italia, sufren un desbordamiento en las costas y fronteras que les dificultan cumplir con los trámites legales y se ven obligados a buscar alojamientos provisionales a miles de personas, así como a mantener servicios de vigilancia y salvamento en el mar. La muerte de 360 inmigrantes en un naufragio frente a Lampedusa, en octubre pasado provocó una ola de lamentos. Pero las muertes han seguido goteando. En mayo pasado se ahogaron 14 personas al hundirse el bote en que viajaban con doscientas más.
Hay carencia de solidaridad intraeuropea. En lo que se gesta un proyecto de Sistema Europeo Común de Asilo, sigue imperando el “arréglatelas como puedas”. En junio de 2013, el Parlamento y el Consejo Europeo acordaron un reglamento para establecer los criterios y mecanismos de determinación del Estado responsable de examinar una solicitud de protección internacional.
En el documento, varios puntos quedan claros, como que no se puede internar a una persona por el único motivo de haber solicitado protección internacional, y que se precisa establecer un mecanismo de respuesta eficaz que prevenga el colapso del sistema de asilo de un Estado miembro ante un flujo considerable de llegadas.
Asimismo, el texto determina qué país debe tramitar una solicitud de asilo de un inmigrante, tomando en cuenta un número de criterios. Si se trata, por ejemplo, de un menor de edad no acompañado, el país responsable será aquel en que se halle algún familiar del niño. Si es un adulto el que ha entrado de modo irregular, será el país de entrada el que procese su solicitud; y si hay que trasladarlo a otro país de la UE, también lo costea el país de entrada. El peso, como se ve, lo cargan los del sur y el este.
Valdría más pensar formas de bajar la presión en las fronteras, como conceder un significativo número de visados a los africanos, de manera que los inmigrantes procedentes de allí puedan ir adonde realmente les interese y posean más lazos familiares y culturales. Para muchos, los países por donde entran (Italia, Malta, España, Grecia…) no son su destino. Sería mejor que no necesitaran tanto ir a buscar a una valla por lo que les negaron en un consulado.
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Un viaje peligroso
Para los que intentan entrar a la UE desde el Sahel, es el viaje su vida, para el que ahorran durante años. Cuando se embarcan en botes desvencijados (los traficantes que los facilitan no esperan recuperarlos) rumbo a Malta, Italia o las islas Canarias, muchos han pagado más de mil euros en total. A lo largo de su itinerario tienen que dar dinero a intermediarios, guías, conductores y quienes regentan los alojamientos en las distintas etapas. Si no tienen suficiente, pueden sufragarse el viaje transportando droga.
Agadez (Níger), Gao (Malí) o Tamanrasset (Argelia) son nudos importante de este tráfico humano. Tal negocio clandestino se ha convertido en la principal actividad económica de esos lugares, y da de comer a miles de personas (cfr. The Economist, 31-05-2014).
La demanda está asegurada. Los emigrantes del Sahel huyen no solo de la pobreza, sino de la violencia en la República Centroafricana, Malí, el norte de Nigeria, Somalia o Sudán del Sur.
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