No se trata de denunciar que en España exista una policía política como en las dictaduras, sino de resaltar que este órgano neutral que debe estar al servicio del Estado, y no de los políticos, se manipula para ponerlo a favor de los intereses del PSOE y de los gobiernos de Rodríguez Zapatero.

 

En este sentido, en España hay una policía política. Pastoreada por la Fiscalía General del Estado, otro órgano que debería ser neutral, pero que actúa o no en algunas causas según los intereses del Gobierno, y no según los de los ciudadanos.

 

La policía también depende de algunos jueces sumamente notorios que ordenan, dirigen u orientan las investigaciones según creen ellos que favorecen a los intereses gubernamentales. Aunque luego, algunos policías manipulados por sus jefes, fiscales o jueces, que se ven acusados de haber obstaculizado la justicia o haber cooperado con los delincuentes, en algún caso con los terroristas, denuncian esos manejos y expresan públicamente su protesta.

 

Es el caso del inspector de Policía que investigó el aviso que le dieron desde la policía, la Fiscalía o el Gobierno a Joseba Elosúa, dueño del bar Faisán de Irún, de que iban a detenerlo. En ese bar se entregaban los pagos del llamado impuesto revolucionario de ETA.

 

El agente, al verse imputado por los medios informativos de esa delación, ha hecho una declaración notarial pública de inocencia. Y ha acusado el fiscal de haber ocultado en su informe datos fundamentales de la investigación que, presuntamente, conducirían a descubrir quién avisó al recaudador de los terroristas.

 

El caso es de una gravedad extrema por la complicidad de algún representante de los poderes del Estado con el terrorismo. Además, no sólo se ha ocultado el origen de la llamada telefónica que alertó a Elosúa y destruyó dos años de investigaciones, sino que también se ha mentido al asegurar que las cámaras que vigilaban su bar no funcionaban aquel 4 de mayo de 2006, cuando, por el contrario, grabaron a todos quienes entraban y salían del bar.

 

Todo fue porque el Gobierno Zapatero estaba negociando con ETA una paz falsa, puesto algunos agentes policiales, especialmente de la Guardia Civil, advertían que los terroristas seguían armados y armándose, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba le aseguraba a los españoles todo lo contrario, que los terroristas estaban desarmándose.

 

No quedan aquí los dislates en el uso de los instrumentos neutrales del Estado a favor de las políticas gubernamentales: es evidente que el caso Gürtel, que afecta a diferentes personalidades del Partido Popular, es importante.

Pero, como se queja el mismo PP, el espionaje a veces ilegal en la búsqueda exhaustiva de corruptos en ese partido no se compadece con la investigación de casos no menos graves del Partido Socialista. Y, posiblemente, más abundantes que este caso Gürtel, que es como un árbol con distintas ramas, mientras que las corrupciones socialistas, al estilo Mercasevilla, Atarfe, Astapa o Estepona son muchos árboles, se diría que un bosque, también de frondosas ramas.