El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, sumamente celoso con los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, acaba de ratificar la sentencia que avaló la ilegalización de Batasuna por la justicia española en 2003, lo que supone un triunfo fundamental para la democracia y para quienes sufren el doble juego de esa organización vinculada al terrorismo de ETA.

 

La sentencia se alcanzó por unanimidad de los cinco jueces de la Gran Sala del Tribunal, que rechazó el recurso de Batasuna contra la sentencia del pasado 30 de junio, que ya había declarado ajustada a derecho la ilegalización dictada por los tribunales Supremo y Constitucional de España.

 

Como no podía ser de otra manera, la decisión del tribunal fue celebrada por el Ministerio del Interior, para el que la ilegalización de Batasuna se realizó “en el marco de un Estado de derecho avanzado y respetando escrupulosamente los derechos y las libertades fundamentales”.

 

Pero los nacionalistas del PNV, Aralar, y los miembros de la Izquierda Unida vasca, Ezquer Batua, rechazaron nuevamente la Ley de Partidos Políticos, que dio cobertura jurídica a la ilegalización de Batasuna.

 

Esos grupos se negaron a respaldar una propuesta del PP en el Parlamento vasco que pedía el respaldo a la sentencia europea porque “limita y anula derechos fundamentales como la libertad ideológica, de expresión, de asociación o de participación política” y afecta, además, “directa y negativamente a la convivencia de nuestro pueblo”.

 

Y ello, a pesar de que el texto de la sentencia declara que las distintas organizaciones y nombres de Batasuna, como Herri Batasuna y Euskal Herritarrok, participaron en un “acuerdo con el terror” contra un Estado democrático, para “completar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para perturbar el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública”.

 

Lo que debe esperarse ahora de la Fiscalía general del Estado es que inicie inmediatamente los trámites necesarios para expulsar de numerosos ayuntamientos y otras organizaciones públicas a los miembros de Acción Nacionalista Vasca (ANV), vinculadas con Batasuna, que el juez Garzón no ilegalizó y que el Gobierno permitió participar en las elecciones municipales de 2007.

 

Aunque le impidió a algunos candidatos bien conocidos de Batasuna, ya ilegalizada, entrar en las listas, se le autorizó a otros, en una operación política gubernamental ilegítima emprendida porque estaba en negociaciones con ETA.

 

El Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, justificó la presencia de filoetarras, en clara contradicción con la Ley de Partidos, porque impedirla era crear “un Guantánamo electoral”. El Ministerio del Interior llegó a manipular los informes policiales que informaban de que los candidatos de ANV que habían sido aprobados para las elecciones estaban realmente vinculados a Batasuna o, lo que es lo mismo, a ETA.
 

Tras la sentencia europea es momento de que la oposición, especialmente el PP, le exijan al Fiscal que inicie los procedimientos necesarios para expulsar a los proetarras, y de recordarle también a los ciudadanos que el Gobierno los engañó, aseverando que los miembros de ANV que accedieron a las elecciones eran ajenos al terrorismo.