Martes, 21 de julio 2026
El racismo y el odio al inmigrante –al inmigrante pobre– pareciera únicamente asunto de unos cuantos exaltados que, aquí en Europa o en los estados sureños de EE.UU., piden que se deporte sin más a los que llegan. Pero en el Caribe, más exactamente en la República Dominicana, también se da el fenómeno, y de tal manera que perjudica incluso a ciudadanos… dominicanos.
El pequeño país hispanoamericano comparte la isla de La Española con una nación radicalmente más pobre: Haití, origen de la mayoría de inmigrantes que acoge hoy la República Dominicana. Según el censo de 2012, de los 524.632 extranjeros que residen allí, unos 458.000 son de origen haitiano, el 87,3% del total.
¿Qué hay de “nuevo” en este asunto? Pues una sentencia del Tribunal Constitucional, de 2013, que daba por bueno que la Junta Central Electoral rechazara entregarle documentación legal dominicana a una joven, Juliana Deguis, hija de padres haitianos y nacida en 1984 en suelo dominicano. Para la corte, Juliana no merecía figurar como nacional, pues sus padres se encontraban en situación ilegal en el país cuando ella nació. Su inscripción habría sido, pues, “irregular”, de manera que, técnicamente, era sujeto de deportación.
Pero el Constitucional fue incluso más allá, al afirmar que en igual situación de irregularidad quedaban todos los que hubieran nacido en el país, de padres indocumentados, entre 1929 y 2010. El gobierno, posteriormente, ante la presión internacional, abrió un amago de proceso de regularización y “naturalización” para todos los que, en virtud de la decisión del Tribunal, lo necesitaran. Lo que menudea, sin embargo, son los casos de personas a los que el procedimiento les ha complicado la vida de modo brutal.
La organización Human Rights Watch ha documentado varios casos de personas nacidas en territorio dominicano, hijos de haitianos, que han pasado serios apuros.
Tal es el caso de un chico de 25 años, Wilson, de padres haitianos. La policía lo detuvo muy cerca de su casa, le exigió la documentación y, aunque este les pidió que le acompañaran un momento a buscarla, les fue más fácil subirlo a un camión, llevarlo hasta la frontera junto con otros 32 detenidos y obligarlo a cruzar hacia Haití, donde Wilson no había puesto un pie jamás.
La contumacia de la autoridad dominicana se cebó incluso en sus empleadores –que tuvieron que llevarle el acta de nacimiento dominicana hasta el puesto fronterizo–, a quienes se les dijo que, pese a ese documento, Wilson era haitiano. Únicamente después de muchas dificultades el chico pudo regresar a casa.
Otra que aún sufre el sinsentido de un burocratismo que roza lo racista es Karina, de 35 años. Nació en República Dominicana y como tal fue inscrita. Sin embargo, cuando tenía 24 años, y bajo el pretexto de que su nacionalidad estaba bajo investigación, el gobierno no le entregó documentos imprescindibles para matricularse en la universidad, por lo que tuvo que comenzar a trabajar como camarera. Hasta el día de hoy.
A finales de abril de este año, y a pesar de que varios funcionarios ya habían dado por auténtica su ciudadanía dominicana, todavía no había podido renovar su documento de identidad, a la espera de que concluyera el proceso de verificación. Como consecuencia, no podía acudir a la sanidad pública; no podía acceder a su cuenta bancaria ni a su tarjeta de crédito, y tenía problemas para pagar sus facturas y su hipoteca. De la universidad, nada.
El Plan de Regularización propuesto por el gobierno, iniciado en 2014 y que venció en junio pasado, una suerte de “último tren” en el que debían apresurarse a montar las miles de personas de origen haitiano o los inmigrantes en situación irregular, tiene su mejor cómplice, por otra parte, en la burocracia de la ex colonia francesa.
Para poder iniciar los trámites en República Dominicana, los interesados –en este caso, los inmigrantes haitianos llegados de modo irregular– debían solicitar a la embajada de Haití en Santo Domingo que les entregara los documentos necesarios para poder presentar su solicitud. Se aceptaría el pasaporte, el acta de nacimiento o cualquier documentación de identidad personal.
Las autoridades haitianas, sin embargo, se han hecho de rogar, aunque sus compatriotas en suelo dominicano han pagado por adelantado para obtener sus documentos. Unas 100.000 personas, de las que acuden cientos a protestar cada semana ante la embajada haitiana, están atrapadas entre la indolencia de su gobierno y la amenaza dominicana de deportación, que por cierto, ya se está aplicando. Según Mireille Fanon-Mendès, presidenta del Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de la ONU, se ha expulsado del país a unas 20.000 personas.
No obstante, ni aun los que han podido presentar sus papeles escapan de la odisea. La Plataforma Dominicanos por Derecho denuncia, en tal sentido, que la Junta Central Electoral mantiene en un limbo jurídico a miles de personas –nacidas en suelo dominicano de padres haitianos– al bloquear sus documentos de identidad y no introducirlos en el sistema automatizado de registro, con lo que se ve afectada su vida diaria y su derecho de participación en las próximas elecciones generales, de mayo de 2016.
Llama la atención que el veredicto del Constitucional de 2013 pisotea la propia Carta Magna del país. Ciertamente, de 2010 acá, con el nuevo texto, se consideran dominicanas “las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano” (art. 18).
Se entiende: de 2010 en adelante, los hijos de inmigrantes irregulares no podrán beneficiarse del ius soli, el “derecho de suelo” que estipula que el nacido en un país, con independencia de la condición de sus padres, adquiere automáticamente la nacionalidad de ese Estado.
Sucede, sin embargo, que Juliana Deguis, Wilson, Karina y miles de personas más nacieron con anterioridad a 2010, más exactamente cuando estaba en vigor la Constitución de 1966, cuyo artículo 11 refería que eran dominicanas “todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que estén de tránsito en él”. En las posteriores reformas de la Carta Magna, en 1994 y 2002, el enunciado permaneció básicamente igual.
Fue este el argumento que esgrimió la única magistrada disidente del Constitucional. Como ella, otras personalidades locales han salido al paso de ese flagrante intento de marginar a una parte de la población, y están pagando un precio. Juan Bolívar, un veterano periodista del Canal 2, explicaba a la cadena alemana DW que en todo esto “hay una mezcla de xenofobia y racismo, ya que muchos rechazan a los haitianos porque son negros”.
Paradójica realidad en un país que es, a su vez, un emisor por excelencia de emigrantes.
Cuando el presidente Barack Obama firmó la orden ejecutiva para facilitarles la regularización a unos cinco millones de inmigrantes ilegales en EE.UU., el Consulado General de la República Dominicana en ese país animó a aquellos de sus nacionales que estuvieran en situación irregular a aprovechar la oportunidad y hacerse con los documentos requeridos para evitar la deportación.
Entre los beneficiados por la orden de la Casa Blanca, se encontraban aquellos extranjeros que hubieran tenido hijos nacidos en EE.UU., los cuales son, en virtud del ius soli, ciudadanos estadounidenses, a diferencia de lo que legisla el país caribeño para los hijos de sus inmigrantes non gratos.
A día de hoy, según el censo estadounidense de 2010, en el país del norte viven 1.414.703 personas nacidas en República Dominicana. En España, su número alcanzaba los 88.486 inmigrantes en 2011.
Cabe aquí, pues, la reflexión que hace un periodista dominicano, Ernesto Guerrero, sobre el temor de algunos de sus compatriotas a la “invasión” haitiana. El articulista esboza las cifras de dominicanos que hoy viven en el vecino Puerto Rico, unos 200.000, cerca de un 8% de la población de la isla. Muchos de esos migrantes llegan allí tras atravesar enyolas (pateras) el peligroso Canal de la Mona, y pese a su carácter de indocumentados, se han visto beneficiados por medidas dirigidas a insertarlos socialmente.
En Puerto Rico, explica Guerrero, los dominicanos contribuyen con al desarrollo local, sin que su presencia sea percibida como una “invasión”: “Imagínese, ¿qué tan numeroso seria nuestro ejército de migrantes de existir una frontera terrestre con Puerto Rico?”.
Quizás la parábola de los dos deudores (Mt 18, 23) sea una historia no demasiado conocida por algunos políticos y magistrados de Santo Domingo, pero sin dudas les vendría como anillo al dedo.
Este artículo está en Aceprensa.
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