“Tit for Tat”, dirían los anglosajones, con razón. O “donde las dan, las toman”, más bien. Los “beneficiarios” de estos juegos políticos, que se hacen de espaldas al derecho, son dos personas que han conseguido eludir sus responsabilidades y vivir -por ahora- en la impunidad.
La extradición del terrorista italiano Cesare Battisti nunca fue concedida por Brasil a Italia, que lo reclamaba. En los “años de plomo” militó en los “Proletarios Armados para el Comunismo”. Fue apresado, pero se escapó de la cárcel italiana que lo alojaba, en 1981. Y, preocupado por no ser apresado, viajó enseguida a México y Francia, donde vivió en libertad, como si nunca hubiera matado a nadie, amparado en lo que alguna vez se llamó la “Doctrina Mitterand”, una extraña política francesa con la que se protegía -y no extraditaba- a los terroristas que vivían en Francia pero habían cambiado sus conductas y prometido no volver a las andanzas. En su nueva vida devino “novelista”, protegido por la dirigencia de izquierda gala.
Pero esa inusual “Doctrina” se dejó sin efecto en el 2002. Por lo que Battisti huyó presurosamente de Francia y se infiltró en Brasil, donde finalmente fue reconocido -y arrestado- en el 2007. Cuando esto ocurrió, Battisti pidió ser admitido como “refugiado” en Brasil. Y obviamente no ser extraditado a Italia. La Suprema Corte del Brasil, con toda razón, sostuvo que no le correspondía esa categoría desde que Battisti nada, absolutamente nada, tenía de prisionero político. Era, en rigor, un terrorista. Uno más.
Pero el también izquierdista presidente brasileño “Lula” de Silva, asumiendo las responsabilidades políticas del caso negó su extradición, cerrando la discusión y permitiendo a Battisti vivir en la total impunidad, sin asumir sus responsabilidades, como obviamente correspondía. Para Italia, un golpe en los dientes. Para el derecho, una vergüenza. Para las víctimas, un auténtico despropósito. Pero así fue.
Italia se está ahora tomado una sutil revancha. O venganza. En otro caso también de extradición, pero al revés.
Se trata del caso de Henrique Pizzolato. Condenado por corrupción en Brasil, el ex banquero se escapó al Paraguay y finalmente apareció en Italia. Fue allí arrestado con un pasaporte falso, “emitido” a nombre de su hermano.
Brasil naturalmente pidió enseguida su extradición. Pero se topó pronto con su propia sombra. Con una Italia que por cierto no ha olvidado lo sucedido con Battisti.
Pese a que ambos países tienen suscripto un “Tratado de Extradición”, al que ciertamente “Lula” decidió, caprichosamente, ignorar, Italia se negó a extraditar a Pizzolato. Y, además, lo dejó en libertad.
Para lo cual recordó -y esgrimió como causal de la denegatoria- que Pizzolato tiene doble nacionalidad y es, entonces, también ciudadano italiano y argumentó, además, que había sido juzgado por un tribunal brasileño sin adecuada jurisdicción y que a ello debía sumarse que las superpobladas y peligrosas cárceles brasileñas no garantizan, para nada, la seguridad de los prisioneros. Lo que parece cierto, atento las reiteradas historias de horror que se relacionan con ellas y que nos llegan a través de los medios.
Brasil no ha bajado los brazos y ha anunciado que apelará a la Corte de Casación. Pero por ahora Pizolatto camina en libertad. Lo que es obviamente tan absurdo como haber negado Brasil la extradición de Battisti. “Tit for Tat”, dirían los anglosajones, con razón. O “donde las dan, las toman”, más bien. Los “beneficiarios” de estos juegos políticos, que se hacen de espaldas al derecho, son dos personas que han conseguido eludir sus responsabilidades y vivir -por ahora- en la impunidad.
Emilio J. Cárdenas
Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.
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