El discurso igualitarista de Chávez no es más que un camino hacia la usura del Estado para la fabricación de sus propios proyectos. Una táctica conocida que provocó los desfalcos más impensados.

Editorial
Los disturbios que Diario Exterior ha reflejado en la ciudad de Caracas, originados por la intentona reformista de Chávez son, más allá de los hechos, una evidencia de la radicalización hacia la que se conduce esa sociedad y, en especial, los actores políticos.

Chávez ha tenido la habilidad de dividir la sociedad en dos. De partir los entusiasmos e ilusiones en dos partes enfrentadas que, a estas alturas, aparecen como irreconciliables. Ha encaminado a la sociedad venezolana hacia un callejón sin salida cuya solución, se avisora, será traumática.

La importancia del reformismo bolivariano no es la capacidad de transformar las condiciones políticas del país, sino el método empleado (una coerción sobre la opinión y libertad de las personas) y la confrontación originada. Lo que quiere construirse no es un sistema de reparto igualitario, como supone Chávez, sino una institucionalidad acorde a las pretensiones del presidente. En otras palabras, un sistema que avasalla las garantías más elementales de la democracia.

El agravio a la clase media

Contra esto pelean los estudiantes y una numerosa porción de la clase media. Una clase que se ve empujada hacia una destrucción de sus garantías y, junto a ello, de sus ideales. Un sector que ve con preocupación la discrecionalidad en el manejo del poder y las inocultables secuelas que ello dejará para el futuro.

El discurso igualitarista de Chávez no es más que el camino más corto hacia el clientelismo y la usura del Estado para la fabricación de sus propios proyectos. Una táctica conocida en América Latina que ha provocado, en su profundización, la crisis del estado de derecho y de las más elementales garantías de constitucionalidad. La reforma de Chávez, para decirlo claro, parece ser un paso más en el contrasentido de la política regional.

Sólo resta esperar que estos enfrentamientos no se profundicen y que la propia sociedad (sus actores representativos) tenga la capacidad para encausar este desacuerdo por caminos de diálogo y negociación. Algo que el gobierno constantemente predica pero que escasamente practica.