Política

Violencia racial en París

Editorial
La pasada noche fue la séptima consecutiva de violencia, con numerosos hechos de vandalismo contra comercios y vehículos y agresiones dirigidas contra la Policía y los bomberos, que han tenido que intervenir en numerosas oportunidades. En todos estos incidentes se ha producido la quema de 177 vehículos y numerosos contenedores, mientras que veintinueve personas han sido detenidas.

La ola de violencia comenzó el jueves de la semana pasada en la comuna de Clichy-sous-Bois (noreste) después de que dos adolescentes murieran electrocutados tras refugiarse en una subestación eléctrica, porque creían que estaban siendo perseguidos por la policía. Las autoridades niegan que hubiera tal persecución. Hasta ahora el Gobierno de Chirac parece incapaz de detener la ola de violencia urbana en la periferia de París, donde vive un elevado porcentaje de personas oriundas de los países del Magreb y del África subsahariana.

Como sucedió en 1991 en Los Ángeles con el caso emblemático del Rodney King –aquel negro apaleado brutalmente por la policía que originó un estallido de violencia racial similar- un incidente menor desató una guerra racial que devela los serios problemas de integración social que tiene la comunidad musulmana en Francia.

Hay que remontarse a febrero de 2004 cuando en un discurso histórico sobre la laicidad, el presidente Chirac aprobó la prohibición de signos religiosos exhibidos de forma ostensible en las escuelas y lanzó una advertencia a los 5 millones de musulmanes del país, la mayor comunidad musulmana de Europa, en relación al uso del velo. Era la defensa de un valor defendido en la Revolución Francesa que postulaba una separación radical entre la religión y el Estado, entendiendo la acción reguladora de éste último a través de sus órganos de gobierno para alcanzar la convivencia social ordenando la actividad de las instituciones religiosas.

Pero esta política agresiva a favor del laicismo y la homogeneización cultural –que tuvo oposición dentro del mismo Gobierno francés en las figuras de Villepin y Sarkozy- generó mucha resistencia primero en la comunidad judía y luego en la musulmana, a la que le siguieron furibundos ataques discriminatorios organizados desde la extendida ultraderecha francesa.

No fue el único error del intervencionismo estatista. El Gobierno francés impulsó la creación de mezquitas y centros culturales islámicos con el objetivo de evitar los “ghetos musulmanes” en diversas ciudades de Francia con toda buena intención. Pero dejó sin atacar problemas como el desempleo, el absentismo escolar y la desigualdad entre los sexos dentro de esa comunidad, lo cual dejó las puertas abiertas al fundamentalismo, en unas comunidades que sufren políticas de exclusión social y dificultad de acceso a un empleo digno.

A su vez las minorías radicales musulmanas se mostraron últimamente extremadamente violentas y capaces de hacer mucho daño como lo demostraron los disturbios de esta semana. Hay que agregar también que en algunas ciudades importantes de Francia, los fundamentalistas islámicos y sus postulados parecen estar en aumento. Abogan porque las mujeres musulmanas no se dejen examinar por un doctor de sexo masculino; porque lleven el velo ante amenaza de violación y agresión sexual; porque los pupilos y los padres rehúsen dar la mano a una mujer profesora; porque no se hable de biología, de Voltaire o del el exterminio de los judíos por parte de los nazis.

Sin duda que todos estos ejemplos son contraproducentes para una armoniosa convivencia interracial. Es evidente que Francia necesita afrontar el problema de la cultura de la desesperación que infecta sus áreas urbanas, encarando el execrable estereotipo de la “banlieue” (suburbio) generado por la decadencia de sus núcleos vecinales, los cinturones de pobreza y el avance del integrismo islámico.

Sin embargo, su estrategia de afrontar este problema desde las políticas del Estado de Bienestar han resultado ser un absoluto fracaso. Es hora de aplicar menos la ingeniería social y abrir más los cauces del mercado laboral, receta que han seguido con relativo éxito países como Estados Unidos o Inglaterra.

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