La opinión pública occidental se ha conmovido en las dos últimas semanas con el brote de violencia xenófoba que ha sacudido a Sudáfrica donde la población inmigrante procedente de Mozambique y de Zimbabwe, ha sufrido tanto ataques físicos como contra sus propiedades y negocios.

La violencia se recrudece
Este tipo de noticias conmocionan a la opinión pública internacional y sitúan a los países en los que se producen en la primera plana de la agenda de los medios. Sin embargo, es obligado por nuestra parte ir más allá y poner el acento en la concatenación de las causas que las provocan.

En primer lugar, estos acontecimientos han mostrado la incapacidad del régimen del sudafricano para ofrecer soluciones en un tiempo record: más bien al contrario, el gobierno de Mbeki una vez más optó por la política de wait and see cuyos resultados han sido tan nefastos como sangrientos.

La violencia y represión que caracterizó a Sudáfrica durante los años de vigencia del Apartheid, (una de las mayores afrentas para los derechos humanos que puede recordarse) dio como resultado una ciudadanía blanca de primera categoría que anulaba a la población negra. Ésta se veía privada de un acceso en igualdad de condiciones a la sanidad, educación o a la propiedad.

Esta situación pareció llegar a su fin a partir de 1994, pero sólo en la teoría. En la práctica, Sudáfrica sigue presentando numerosos déficits de carácter político, económico y social, que en última instancia dificultan su desarrollo y, sobre todo, merman la imagen que de este país se tiene como potencia africana. La traducción real es que el crecimiento económico no ha ido acompañado de una adecuada de redistribución de la riqueza, ni de una necesaria reforma institucional, lo que ha provocado el aumento del paro.

En segundo lugar, en el plano de sus relaciones exteriores, las carencias se mantienen puesto que una de las constantes es que desde Johannesburgo se emplea el apaciguamiento como táctica frente a las dictaduras más cercanas geográficamente. Esta tesis se pudo apreciar en la actuación del ejecutivo sudafricano con respecto a la reciente crisis electoral y post-electoral de Zimbabwe.

En efecto, el recuento electoral llevado a cabo por Mugabe omitió todos los mínimos de fair-play democrático, incurriendo para ello en tácticas propias de las tiranías (tardanza por dar a conocer los resultados, agresiones y detenciones de la oposición). Además, quienes desde Occidente condenaron este modus operandi, especialmente Estados Unidos y Reino Unido, no se salvaron de la diatriba amenazadora del “Presidente” de Zimbabwe, quien sí encontró justificación a su conducta en Mbeki para quien el hecho de postergar el anuncio de los resultados era algo normal en el país africano…

No es la primera vez que este histórico dictador (llevan en el poder desde 1980) cuenta con la benevolencia internacional para llevar a cabo sus siniestras intenciones. Ejemplo de ello, es que en los años ochenta se consintieron sus tácticas represivas, minimizadoras y vulneradoras de los derechos más elementales, empezando por el de propiedad, con el pretexto de que había librado la lucha a favor de la independencia. Este es el gran problema: cuando se contemporiza con tiranos, éstos lo interpretan como un cheque en blanco para la imposición de su “programa político”.

La consecuencia es que este Mugabe libertario (para nosotros un liberticida) practicó el nepotismo al más puro estilo soviético, repartiendo las tierras entre su cohorte de afines, al mismo tiempo que no modernizaba el sistema económico (y mucho menos, el político)…Y mientras tanto la pobreza se convertía en el común denominador de su país, por lo que buena parte de la población tuvo que emigrar con Sudáfrica como el principal de los destinos.

En definitiva, el continente africano nos tiene acostumbrados a que la violencia e inestabilidad política sean sus inseparables descriptores. Ahora, la crisis desatada en Sudáfrica ha sido un arma utilizada por Mugabe para reaparecer ante sus compatriotas como el gran salvador, con la promesa de entregar tierras a todos aquellos ciudadanos que regresen. Una medida de carácter claramente populista y que en ningún caso va a remediar la situación interna. Su sentido y finalidad es puramente electoral con lo que el fraude en la segunda vuelta está más que asegurado.