La `megacomisión´ de Perú investiga si durante el segundo mandato (2006-2011) de Álan García, se concedieron indultos por el gobierno a presos narcotraficantes a cambio de dinero. De momento hay indicios, aunque aun hay que contrastarlos, que confirmarían supuestamente que hubo pagos a cambio de indultar a sentenciados por narcotráfico.
El legislador Enrique Wong, vicepresidente de la “megacomisión” de Perú, ha informado de que en las investigaciones sobre los indultos concedidos por el gobierno de Álan García entre 2006 y 2011 a condenados por narcotráfico, ha encontrado indicios de que lo hiciera a cambio de una contraprestación económica. Ha informado de que este grupo ha recibido nuevas denuncias que confirmarían que sí hubo pagos a cambio de indultar a sentenciados por narcotráfico. “Son indicios que se profundizarán en los 120 días de plazo ampliado que tiene la ´megacomisión´. Necesitamos cruzar información para determinar la validez de las acusaciones”, indicó sobre las nuevas denuncias periodísticas, en declaraciones recogidas por el diario `Perú21´. Wong ha aclarado que la ´megacomisión´ llevará a cabo un plan de trabajo para contrastar estas denuncias. Para ello, llamará a varias personas a declarar, entre otros, probablemente, al ex presidente peruano. Los miembros de esta comisión han ido recopilando información durante sus visitas a distintas cárceles a partir de los testimonios recogidos.
Wong ha negado que la `megacomisión´ se trate de un instrumento de persecución política, y ha asegurado que sus derechos estarán garantizados. “Sus derechos están garantizados. Prueba de ello es que yo sostengo, contrariamente a los demás integrantes, que no tiene responsabilidad en algunos casos”, ha asegurado.
Las dudas sobre este tema comenzaron el mes pasado, cuando el programa `Cuarto Poder´ dijo que el gobierno de Álan García amnistió o redujo la pena a un total de 5.500 presos, entre ellos, 400 personas condenadas por delitos de narcotráfico.
Juan Jiménez Mayor, el Primer Ministro de Perú, en su visita a España ha calificado de “nefasto” y de “escándalo” los llamados “narcoindultos” otorgados durante el gobierno de Alan García, y afirmó que “las personas deben asumir su responsabilidad y decir ´me equivoqué´”. “Puede ser legal, pero no sé si es moralmente correcto. 170 de los indultados por el gobierno anterior volvieron a delinquir y están presos. Casi 800 personas han vuelto a delinquir y no están presas. Eso de que no suponían un peligro está negado por la realidad”, puntualizó.
García, protagonista de otras investigaciones
Además del caso de los “narcoindultos”, la Fiscalía abrió el pasado mes de febrero otra investigación contra el ex presidente por la compra de una vivienda en Lima valorada en 830.000 dólares (611.230 euros), con la que habría incurrido en un delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Desde el Ministerio Público, han afirmado que “se cuenta con datos que revelarían un incremento en el patrimonio del ex jefe de Estado, que no se encuentra debidamente justificado y que ha derivado en la adquisición de dicho inmueble”.
Tratarán de averiguar si este incremento en el patrimonio del ex jefe de Estado se encuentra o no debidamente justificado.
La Fiscalía ha ordenado “el levantamiento de toda la información que haya en la Superintendencia de Banca y Seguros sobre el ex jefe de Estado” ya que la información aportada por García “es insuficiente”.
Esto es “
un vía crucis y un martirio” ha asegurado García, y añade que estas investigaciones son cosa del entorno del actual presidente,
Ollanta Humala, para tratar manchar su imagen con vistas a las elecciones de 2016.
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