La iniciativa fue presentada en conferencia de prensa por el jefe de Gabinete Jorge Capitanich, el ministro de Economía Axel Kicillof, el ministro de Planificación Julio de Vido y el secretario de Comunicaciones Noberto Berner.
 

El proyecto de ley autorizaría a todas las empresas de telecomunicaciones a ofrecer, además de los tradicionales servicios de telefonía, también el servicio de televisión por cable y por internet. Actualmente las empresas de telefonía pueden proveer servicios de internet pero no de televisión (ya sea por cable o por internet); y las empresas de cable pueden ofrecer internet y televisión pero tienen prohibido vender servicios de telefonía (móvil y fija).
 

Para de Vido, la iniciativa promueve “el derecho humano a las telecomunicaciones, reconocer a las tecnologías de la información y las comunicaciones, como un factor preponderante en la independencia tecnológica y productiva de la Nación”.
 

Este proyecto, que no tendría injerencia en el contenido de los servicios ofrecidos, es una actualización a la Ley de telecomunicaciones vigente desde 1972. “Lo que ha avanzado la tecnología en los últimos cuatro o cinco años es enorme y abrumador; es indispensable, es esencial, que en la República Argentina tengamos una regulación acorde a las nuevas tecnologías”.

Por su parte, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación (Afsca), Martín Sabbatella, indicó que la nueva ley permitirá a todos los actores participar en igualdad de condiciones y competir libremente en el mercado.
 

Esta iniciativa —que promete un arduo debate en el Congreso— haría que estos tres servicios (internet, telefonía móvil y fija y cable) lleguen a todos los hogares a través de un solo acceso, es decir, la misma red.
 

En primer lugar, el proyecto declara de interés publico el desarrollo y la regulación de las tecnologías de la información —es decir, aquellos servicios de transmisión de datos, texto, videos, voz. Además aclara en su artículo primero que la norma “excluye de su objeto cualquier tipo de regulación de los contenidos, cualquiera fuere su medio de transmisión”.

Con este “servicio universal” el Estado argentino deberá garantizar que el conjunto de servicios de tecnología de información y comunicación (TIC) ofrezcan “calidad a precios justos”.
 

El artículo 8 expresa que la prestación del servicio se realizará en un régimen de competencia. Sin embargo, agrega que para ello se necesitará obtener previamente una licencia habilitante otorgada por la autoridad de aplicación, a ser determinada por el Poder Ejecutivo.

Más aún, en el caso de que un grupo de medios quisiera ofrecer servicios de comunicación audiovisual y también servicios de tecnología de la información deberá —según explica el artículo 10— conformar unidades de negocio separadas y llevar la contabilidad por separado de ambos servicios. También establece no incurrir en practicas “anticompetitivas como los subsidios cruzados con fondos provenientes de las distintas unidades de negocios”.
 

Otro artículo destacado es el 74, que ordena revalidar sus licencias en un plazo de dos años a las empresas que proveen actualmente servicios de telecomunicaciones, durante los cuales Argentina estará atravesando elecciones presidenciales.
 

Con el artículo 56, el Gobierno establecerá, en caso de aprobarse la iniciativa en el Congreso, una velocidad mínima de transmisión para los planes de internet que podrán ofrecer las empresas. Este concepto de calidad, sin embargo, aún no fue establecido, sino que se fijará dentro de los 180 días posteriores a la publicación de la ley.
 

Si bien el artículo 48 establece que “los licenciatarios de los servicios TIC fijaran libremente sus precios” estos deberán ser “justos y razonables”. Además establece que la autoridad de aplicación “por razones de interés publico” podrá regular los precios.

En cuanto a la regulación estatal, Sabbatella indicó que “la democracia necesita que todo lo que tenga que ver con la comunicación se regule para que haya más acceso y pluralidad”.
 

La ley también fija el fin de las llamadas “de larga distancia”. De esta manera pretenden que el valor de la llamada sea el mismo a cualquier parte del territorio nacional.
 

Henoch Aguiar, exsecretario de Comunicaciones (1999-2001) expresó durante una entrevistaque los poderes del Estado sobre las TIC “son demasiado amplios”. Explicó que en el caso de que una empresa decida transferir una licencia tendrá que pedir autorización a la autoridad dependiente del Ejecutivo.
 

Martín Becerra, profesor universitario e investigador, aseguró que uno de los puntos sobresalientes del proyecto es que las telefónicas podrán prestar servicios audiovisuales y permite a su vez a los licenciatarios audiovisuales ofrecer servicios de telecomunicaciones. Según Becerra, los distintos Gobiernos podrían interpretar de manera diferente ciertos artículos del proyecto y pidió que el Congreso los modifique.
 

Por su parte, Beatriz Busaniche, miembro de la Fundación Vía Libre, especializada en las nuevas tecnologías, expresó la misma preocupación sobre la arbitrariedad en el proyecto de ley.

Publicado en PanAm Post