Informe de Coyuntura Política que aborda la reconfiguración del escenario político a partir de las pruebas recabadas por la Fiscalía respecto de ProCultura. Ello se da ad portas de la última Cuenta Pública del Presidente Boric ante el Congreso Pleno.

Transcurridos poco más de tres años de su administración y ad portas de la última Cuenta Pública en la que el Presidente deberá informar ante el Congreso Pleno sobre el estado político y administrativo de la Nación, ha estallado con fuerza en el corazón mismo de la toma de decisiones del Gobierno, la arista más grave y compleja del denominado “Caso Fundaciones”: ProCultura.

Nuevos antecedentes revelados a partir de pruebas recabadas por la Fiscalía han reconfigurado el escenario político, evidenciando que esta trama de defraudación fiscal no solo compromete recursos públicos en magnitudes por sobre los 6 mil millones de pesos, sino que alcanza directamente a actores claves del oficialismo, comprometiendo incluso al propio Presidente de la República, lesionando de paso, atributos centrales de la narrativa oficialista en materia de probidad.

En lugar de un hecho aislado, el caso parece revelar un esquema sistemático que combina sofisticación financiera, convivencia político-institucional y una ruptura profunda con los estándares éticos que el Frente Amplio decía encarnar.

Lo que está en juego ya no es solo la probidad de una fundación o la responsabilidad de un funcionario. La Fiscalía ha planteado que los fondos entregados por gobiernos regionales a la Fundación ProCulturaha brían sido redestinados, en parte, al financiamiento de campañas electorales. Si esta hipótesis se comprueba, se trataría de una operación de corrupción con fines políticos: desviar recursos públicos, destinados al desarrollo cultural o social, para asegurar posiciones de poder a través de campañas financiadas ilícitamente. El Estado, en este caso, no habría sido simplemente víctima de malos manejos, sino empleado como instrumento de una operación de captura ideológica del poder por parte de una coalición política.

Los hechos apuntan a un diseño deliberado. Alberto Larraín, director de la fundación, habría solicitado pagos anticipados de proyectos a gobiernos regionales afines, a través del trato directo. Con los fondos en su poder, en lugar de ejecutarlos de forma inmediata, estos se habrían invertido en instrumentos financieros, obteniendo utilidades por los intereses. Esta ganancia habría servido, según la hipótesis investigativa, para allegar recursos a campañas políticas. El patrón se repite en varias regiones y convenios, lo que sugiere una estructura organizada, con coordinación entre agentes estatales y partidarios, mediante convenios que se multiplicaron por hasta 10 veces una vez que la actual administración llegó a La Moneda.

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Informe preparado por el Programa Política y Sociedad Civil, Libertad y Desarrollo.
Responsable: Rodrigo Ubilla rubilla@lyd.org