Antes de comenzar ese importante ejercicio, su gobierno ha definido -sin ambigüedades- cual es su posición frente a esta delicada cuestión. Ella pude sintetizarse en que buscará fortalecerlo, razón por la cual se opondrá a todo lo que signifique debilitarlo.

 

Esta firme actitud colombiana alimenta naturalmente las esperanzas de que los regímenes “bolivarianos” -que procuran denodadamente destruir al Sistema, para así poder “legitimar” sus ataques contra la libertad de expresión y de información, que naturalmente incomodan a sus esfuerzos por instalar el discurso único del marxismo- no puedan salirse con la suya.

 

El gobierno colombiano -por boca del jefe de la Defensa Jurídica del Estado, Dr. Fernando Carrillo– ha sido especialmente claro acerca de cual es la posición colombiana respecto de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión: su país se negará rotundamente a quitarle autonomía, así como a cercenarle facultades. Con la más absoluta razón, como es obvio.

 

Ocurre que son precisamente los precisos y duros informes emanados de la mencionada Relatoría los que han incomodado muy particularmente a dos de los líderes más autoritarios de nuestra región, que a la vez son aquellos que más persiguen a los medios de prensa independientes: Hugo Chávez y Rafael Correa. Cabe señalar que la Relatoría en cuestión está hoy en manos de una notable y valiente jurista colombiana: Catalina Botero.

 

Las sesiones de (hoy), 22 de agosto, en Bogotá, serán inauguradas por el propio presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en señal inequívoca de la trascendencia que el mandatario asigna a esta cuestión.

 

A ellas concurrirán representantes de las ONG que ya han expresado su preocupación por el delicado tema, académicos de gran renombre, profesores universitarios, observadores extranjeros y autoridades civiles, los que seguramente enriquecerán el debate. También lo hará el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José Jesús Orozco Henríquez, y otras altas personalidades del Sistema. La idea es entonces la de modernizarlo posibilitando que sus decisiones tengan aún más fuerza contra los Estados, al tener más y mejor sustento técnico y mayor precisión probatoria.

 

Cuando Venezuela ha oficializado ya su totalitaria decisión de abandonar el Pacto de San José de Costa Rica, dejando así a todos sus ciudadanos sin protección regional en materia de derechos humanos y libertades individuales (como ocurre en Cuba), las noticias que nos llegan desde Bogotá son ciertamente refrescantes.

 

Es de esperar que la posición colombiana encuentre rápidamente el apoyo de aquellos países en los que -como sucede con Brasil, Chile o Perú- la libertad de prensa es considerada como una libertad absolutamente esencial. Y es claramente así, atento a que sin ella todas las demás libertades de los seres humanos quedan inmediatamente en riesgo.

 

Si finalmente en el seno de la OEA se bloquea el pretendido debilitamiento del “Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, no sería nada sorpresivo que aparecieran en el ámbito de la siempre más dócil de la “UNASUR” intentos disfrazados de “replicar” al Sistema en ese nivel, para así poder debilitar sensiblemente la protección de los derechos humanos, generando una suerte de “otra campana” que resuene con una ideología totalitaria y engañosa, que hasta eventualmente pueda permitir a Cuba ser parte de un “nuevo” mecanismo, en el que los derechos humanos y las libertades civiles de los individuos se relativicen y debiliten, subordinándolos a los presuntos “ideales” de la “comunidad”, según los definan, en cada caso, los líderes marxistas.

 

 

Emilio J. Cárdenas
Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.