Algún exagerado cree que, a este paso, los partidos políticos se van a quedar sin banquillo entre tantos líos sonados, pleitos y detenciones. ¡Quiá! No hay riesgo alguno de ocasionar vacantes duraderas (en algunos casos, ni siquiera se producen vacantes). Las gradas partidarias están tupidas de animosos aspirantes prestos a hacer un sacrificio. Levantas una piedra y salen cuatro voluntarios para sustituir a cualquier imputado, cuatrocientos si el cargo está impoluto. En las grandes formaciones políticas se sigue abriendo el paso entre la muchedumbre meritoria y a codazos.

El principal daño de los casos de corrupción, al margen del menoscabo o ruina personales para los afectados, se cobra en el terreno de la pérdida de confianza de los ciudadanos, en el escollo de desanimar a otros a que den un paso adelante y se mojen en el charco de la política, en esa franja que conlleva una extensa decepción disuasoria que inhibe a los más capaces. Las encuestas detectan un elevado recelo social hacia los políticos (en la última del CIS los opinantes declaran que los políticos son uno de sus cuatro primeros problemas).

Una manzana no pudre un cesto, ni tampoco un racimo pocho avinagra la cosecha. Son pocos, escasos y aislados malos ejemplos en un tramado institucional muy complejo, aunque se concatenen en el escándalo y parezcan infinitos. Lo que es grave de verdad y profundamente injusto es que paguen justos por pecadores, es que se cuestione todo por una parte, es que cunda la desgana y el escepticismo, es que se generalice la consternación, es que se iguale a todos por la parte más despreciable de la tabla. La corrupción política, presunta o probada, causa daños colaterales en la cosa pública que hay que curar con resolución.