El ex consejero del Gobierno de Asturias, José Luis Iglesias Riopedre, detenido, junto a su directora general entre otras personas, por los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios, tiene todo el derecho del mundo a que se le reconozca la presunción de inocencia. No lo conseguirá, pero tiene todo el derecho de invocarla, nosotros de respetarla y otros de pisotearla sin la menor prudencia. También tiene todo el derecho a que se informe a la opinión pública de que es miembro del Partido Socialista Obrero Español, algo que ciertos medios de comunicación han pasado por alto de forma muy cicatera y sospechosa.

 

Está muy bien que nos ofrezcan detalles minuciosos de la biografía, de su estado de salud, de sus aficiones, de sus tempranas vocaciones políticas y espirituales o de si se tapaba las piernas con una manta de cuadros entre dos agentes cuando era trasladado a los juzgados en un vehículo policial camuflado. Su alta responsabilidad pública, hasta hace sólo unos meses, en representación del PSOE en la administración asturiana es una referencia esencial que hay que incluir también en la noticia. Y no, como se hace en otros casos y con otros partidos, para asociar de inmediato la presunta corrupción con la fuerza política en la que milita el imputado, sino por un elemental derecho a obtener la información más completa.

 

Que algún periódico ni trate este asunto sólo sirve para confirmar el doble rasero que se emplea cuando las aguas bajan turbias en unos sitios y otros. En todo caso, el susodicho será o no un delincuente cuando lo determinen los jueces, pero no es un expósito ni un huérfano político aunque sus compañeros y medios afines hagan como que no lo conocen.