El Gobierno de Estados Unidos da pasos para evitar la sentencia del Tribunal Supremo que garantiza los derechos civiles de los presos de Guantánamo. El fiscal general vaticina que “nada afectará a los procesos en marcha” y el presidente Bush reitera que estudiarán otras alternativas legales para continuar con los juicios

Prueba de las intenciones de la Administración Bush
A pesar de tener los días contados, la Administración Bush ya ha comenzado a estudiar cómo esquivar, por tercera vez, el fallo del máximo órgano judicial de Estados Unidos contra los procesos irregulares de Guantánamo.

El fiscal general norteamericano, Michael Mukasey, asegura que “la decisión del Supremo sobre los sospechosos de terrorismo detenidos en Guantánamo traerá un torrente de apelaciones de los detenidos, pero no afectará a los procesos militares planeados para algunos de los presos”. Lo que significa que no cejarán en su empeño de continuar con los procesos de Guantánamo.

El portavoz del Departamento de Justicia, Peter Carr, anunciaba que el Gobierno no tenía ninguna intención de paralizar los juicios militares a los presos de Guantánamo. “Son enemigos combatientes que han sido acusados por comisiones militares por crímenes de guerra”, dijo Carr. “Se les han garantizado muchas protecciones adicionales de cara a esos juicios. Seguiremos adelante”, añadió.

Mukasey manifestó su decepción y auguró un sinfín de papeleo legal que “impugnará la detención de combatientes enemigos para que sean procesados ante cortes federales de distrito”.

Unas palabras que están en sintonía con las manifestaciones del presidente. George W. Bush aclaró que está de acuerdo “con los que han mostrado su disentimiento para proteger los intereses nacionales”. “Estudiaremos esta opinión y veremos qué hacer, para determinar si sería apropiada la aprobación de otra ley”.

Posible oleada de juicios

200 de los 270 detenidos de Guantánamo habían presentado a lo largo de los últimos años recursos contra sus detenciones ante la justicia civil. Esos casos no podían prosperar porque el Gobierno les había negado el acceso a los tribunales ordinarios.

Ayer, el juez que preside el Tribunal Federal de Distrito en Washington llamó a una reunión a los magistrados que probablemente tendrán que decidir sobre esos 200 casos.

Hasta que no se obtengan respuestas no empezará a aclararse el futuro de Guantánamo, una base que hasta el secretario de Defensa, Robert Gates, aboga por cerrar pero para la que no ha hallado alternativas. Y se augura ya que algunos detenidos tendrán que ser puestos en libertad.

Por ejemplo, se cree que en 80 casos el Gobierno no dispone de pruebas suficientes para demostrar la supuesta vinculación de los presos con Al Qaeda, pero los considera demasiado peligrosos como para dejarlos en libertad o deportarlos.