Se ha convocado la primera gran protesta laboral en España. Dos millones y medio de funcionarios están llamados a parar por los principales sindicatos de la función pública. Es el más que seguro preludio de una huelga general que pocos se atreven a no considerar ya como inevitable a la vista de que el diálogo social no avanza hacia el acuerdo. El tijeretazo tiene que ser más severo, el ajuste más duro y las consecuencias se van a dejar sentir en buena parte de la población: activa, parada, jubilada o mediopensionista.

 

En España, la crisis económica genera un plus de malestar entre los ciudadanos que no se produce en otros países de nuestro entorno. Aquí, la crisis se negó desde el principio y se admitió muy tarde, se enfrentó muy mal y hasta hace cuatro días el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, nos estaba diciendo que lo peor ya había pasado. Es lógico, por tanto, que a la maldita gracia que hace que te bajen el sueldo en cualquier caso, debamos añadir que nos han estado engañando de una forma continuada y clamorosa.

 

Desde el Gobierno y el PSOE se hace un esfuerzo agónico por asemejar nuestra situación y sus soluciones a las de otros países europeos como Alemania, Reino Unido, Italia o Portugal. Con la misma insistencia con la que se repite el mensaje oficial y se le pide a la oposición que lo apoye se desmorona el intento con la sencilla comparación de los datos de paro, deuda pública o confianza financiera. Es el enésimo intento del Gobierno para esconder un plumero demasiado vistoso.