Como suele suceder con los “bolivarianos” (a los que antes llamábamos simplemente marxistas), el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pretende reemplazar al Parlamento de su país gobernando ilegalmente a través de la sanción de decretos. Generando así hechos consumados que, con el paso del tiempo, tienden a solidificarse.

Algo bien parecido a la osada aventura del ahora inquilino de la embajada de Brasil en Tegucigalpa, “Mel” Zelaya, y el ilegal decreto electoral que en su momento emitiera, que finalmente fuera su perdición y le costara el poder.

Y no muy distinto tampoco del innecesario entuerto creado por la “compañera de ruta” de los “bolivarianos”, Doña Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, cuando pretendió, también por decreto, reformar la Carta Orgánica del Banco Central, pisoteando su autonomía.

Estas experiencias tienen, todas, algunos feos denominadores comunes: (i) soberbia en el actuar; (ii) desfachatez al enfrentar a la opinión pública; (iii) inclinaciones autoritarias; y (iv) una falta total de apego a la democracia.

 

 

En algunos casos, los “bolivarianos” enfrentan una oposición dividida que les permite -pese a ser, ellos mismos, una minoría- dividir para triunfar, aprovechando la falta de unidad de quienes no comulgan con ellos pero no consiguen coordinar su acción. 

No es el caso de Bolivia. Pero sí los de Nicaragua, Honduras y Argentina. Y pronto podría, quizás, ser asimismo el de Ecuador. Y si Chávez, como Correa, sigue sumando desaciertos, también el de Venezuela, hoy sumida en un gigantesco caos social, de consecuencias difíciles de prever de cara a las elecciones nacionales parlamentarias del próximo mes de septiembre.

 

La gestión de Daniel Ortega ha desplegado una larga lista de pecados. Todos ellos típicos de los “bolivarianos”. La corrupción generalizada. El fraude electoral. El ataque a los medios y el cercenamiento de la libertad de opinión. El enfrentamiento resentido contra los prelados locales de la Iglesia Católica. Y, finalmente, la mentira y el engaño como instrumentos de gobierno. No es poco, cuando se pretende aparecer como el “paraíso”.

En los hechos, el sandinismo oficial ha fracasado. En tres insoportables años de gestión, el poder adquisitivo de los nicaragüenses ha caído más de un 10%. La desocupación ha aumentado. La inflación es cercana al 20%. Y la inversión, ante la ausencia de un estado de derecho, como era de suponer se redujo a la mitad. Todo ello condujo al aislamiento. 

En paralelo, creció la intimidad con Chávez y con uno de sus aliados estratégicos: la Federación Rusa. Pero mientras Ortega recita permanentemente un evangelio plagado de retórica sandinista, los hechos son expresión del acuerdo logrado por Nicaragua con el Fondo Monetario Internacional, al que se ha recurrido prestamente ante la inocultable deserción financiera de un Hugo Chávez al que se le está “quemando el rancho”.

 

 

Como Ortega tiene, en los hechos, dividida a la oposición, ha recurrido a la táctica de sancionar decretos para así gobernar a su gusto y paladar, esto es sin límites. Lo cual, sin embargo, no anticipó que los principales empresarios de su país encolumnados en la Cámara de Comercio local iban, de pronto, a jugar un rol aglutinador tan inesperado como efectivo. Con los riesgos del caso.

 

En efecto, esa entidad convocó a todos los partidos de la oposición: El Partido Liberal Constitucionalista (hasta su demolición por parte de Arnoldo Alemán, el mayoritario); la Bancada Democrática Nicaragüense; el Movimiento Renovador Sandinista (que contiene a la izquierda que se ha separado de Daniel Ortega); y la Alianza Liberal Nicaragüense. Y los hizo suscribir acuerdos de contenido primero programático y ahora operativo para -con ellos- intentar defender la democracia de la constante erosión sandinista.

 

Primero las fuerzas de la oposición -a instancias del empresariado- suscribieron los denominados: “Metrocentro I” y “Metrocentro II”, acuerdos edificados con el doble objetivo de enfrentar unidos los abusos de Ortega y regresar, paso a paso, al marco institucional de la Constitución, por oposición a la voluntad de Ortega.

 

Pero ahora, ante la sanción del aberrante decreto 3-2010, por el cual Ortega usurpa abiertamente facultades de la Asamblea Nacional y, violando el Artículo 130 de la Constitución local, prorroga en sus cargos a 23 funcionarios públicos de primer nivel, sumada la de otro decreto que incrementa de modo inconsulto las contribuciones al Seguro Social, los empresarios han convocado a la oposición a suscribir el “Metrocentro III”, según el cual se coincidiría en el texto de un proyecto de ley que -sancionado que fuera- simplemente anularía ambas medidas, conformando además una comisión especial entre los partidos de la oposición para elegir -por consenso- a los reemplazantes de los 23 altos funcionarios cuyos mandatos terminan este año, cuya prórroga pretende Ortega hacer por decreto, pese a que, para la Constitución, esas designaciones están claramente en el ámbito del Poder Legislativo.

 

 

Queda visto que el sector privado puede, según confirma la experiencia nicaragüense, ayudar a aglutinar a la oposición en defensa de la legalidad. De modo que así pueda ejercer efectivamente su carácter conjunto de mayoría y limitar la usurpación de su representatividad que, aprovechando precisamente su división, pretende consumar pícaramente el sandinismo. Usurpación que hasta está poniendo en riesgo la cooperación de la comunidad internacional con Nicaragua.

 

Toda una lección. Particularmente para aquellos escenarios (como el argentino) en los que el sector privado ha generado -en cambio- personajes sumisos y complacientes, proclives a la adulación y el servilismo más chocante, a cambio (según es inevitable sospechar) de la “buena voluntad” gubernamental. Lo que cabe lamentar, por todo lo que significa.

 

 

  

Emilio Cardenas, Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.