Pero las almas menos puras y los observadores estropeados por la experiencia sabemos que no hay gobierno grande, mediano o pequeño que no espíe. Y no sólo los gobiernos lo hacen: también toda clase de empresas privadas y hasta las familias y las parejas intentan obtener información sobre amigos y competidores, sobre propios y extraños, por vías legales y a veces ilegales, y a menudo, aun si no se viola la ley, rozando los linderos externos de la ética.

Esta generalización, sin embargo, choca con una limitación: la necesidad de que todo discurra de forma discreta. La regla de oro del espionaje es que todos saben que el otro espía y el otro sabe que todos hacen lo mismo, pero no pueden admitirlo en público porque si lo hacen rompen el código de la discreción. ¿Por qué importa ese código? Por dos razones fundamentales. Primero, porque a menudo lo que se hace estira la liga de la legalidad. Admitir una ilegalidad, o una posible ilegalidad, en público es abrir una caja de Pandora política y jurídica (en el caso de los Estados). Segundo, porque en el momento en que una operación de espionaje sale de los confines de la discreción deja de ser espionaje y pasa a ser declaración de guerra: en otras palabras, coloca al espiado ante la obligación, sobre todo si se trata de un Estado, de ejercer la contraofensiva so pena de aparecer ante la opinión pública como incapaz de ejercer la más esencial de las funciones: la protección de los ciudadanos.

El daño que Edward Snowden ha hecho al Estado y al gobierno norteamericano proviene justamente de estas dos consideraciones. Ha obligado a las instituciones de su país -el Congreso, la justicia- a proceder como si espiar no fuese una práctica extendida y aceptada por todos, sino un desafío al estado de derecho y la democracia liberal. Pero también ha forzado a medio mundo -los gobiernos chino y ruso, la Unión Europea, los Estados latinoamericanos- a exteriorizar una censura contra Washington que saben que no llevará a ninguna parte pero que es el acto embarazoso y obligado de quien ha sido expuesto en su infinita impotencia.

Que Estados Unidos haya obtenido información sobre 500 millones de comunicaciones en Alemania o haya accedido, mediante PRISM y “Boundless Informant”, al registro de las comunicaciones de millones de brasileños, por mencionar sólo dos casos, implica un problema para los gobiernos aludidos. Para el alemán, significa o bien que había dirigentes alemanes al tanto de lo que sucedía y por tanto que actuaban de espaldas a su país en alianza con otro, o que estaban en Babia sobre lo que hacían, en colaboración con la inteligencia estadounidense, sus propios servicios secretos. Para no mencionar la posibilidad de que las empresas de tecnología informática que colaboraron con la inteligencia norteamericana en Alemania o Brasil hayan, en ciertos casos, actuado al margen de los gobiernos y de los servicios secretos locales. En Brasil, por ejemplo, la presunción del gobierno de Dilma Rousseff es que las grandes empresas pudieron haber trabado alianza con compañías de comunicaciones locales no siempre con conocimiento oficial.

La regla no escrita, pues, es doble: todos espiamos, pero si uno pilla al otro haciéndolo debe castigarlo ejemplarmente. Castigar ejemplarmente, por cierto, no siempre significa ejecutarlo -como hizo Estados Unidos con Julius y Ethel Rosenberg tras ser ellos descubiertos dando información a la URSS sobre la bomba atómica- o condenar al espía a cadena perpetua (como también hizo Estados Unidos en el caso de Aldrich Ames, el agente que pasó un dossier de la CIA con nombres de espías norteamericanos a la KGB y fue arrestado por el FBI demasiado tarde: se calcula que al menos 10 de los espías delatados perdieron la vida). Puede también producirse, como sucedió en 2010 en Viena, un intercambio de agentes entre dos países. Estados Unidos y Rusia procedieron en aquel caso reciente como lo hacían en tiempos de la Guerra Fría (Washington entregó 10 agentes a Moscú a cambio de recibir cuatro de manos rusas). Eso sí: para que se produzca un intercambio de agentes deben respetarse también ciertas reglas.

Si es una agencia de contraespionaje local la que desbarata una operación de espionaje, puede controlar la información y por tanto mantener discretos muchos detalles, facilitando así el intercambio. Pero -la regla de oro otra vez- si hay elementos que escapan al control de la inteligencia y pasan al dominio de la opinión pública por otra vía, el gobierno se ve limitado en sus posibilidades de buscar la salida negociada. Es allí cuando, por lo general, se ve forzado a aplicar el castigo ejemplarizante.

Pueden darse instancias en que el intercambio de espías no es conveniente por razones de política interna. El agente estadounidense Hugh Redmond pasó dos décadas en prisiones chinas por razones que obedecieron a la necesidad de enviar un mensaje interno. También el agente israelí Jonathan Pollard acabó en una cárcel de Estados Unidos en vez de ser entregado a los israelíes en los años 80. Lo cual en cierta forma confirma la regla de oro: con frecuencia los espías están adscritos a las legaciones diplomáticas para otorgarles algún tipo de protección en caso de ser detectados. Pero si un país se arriesga a enviar o contratar agentes sin inmunidad en otro país está tomando un riesgo del que es consciente: el riesgo de que sea empleado por chivo expiatorio en caso de ser detectado.

La sociedad democrática y la sociedad totalitaria o autoritaria comparten en materia de espionaje ciertos rasgos: la explotación romántica de una actividad bien poco romántica. Allan Pinkerton, un nombre mítico del espionaje estadounidense y fundador de un servicio secreto que fue precursor de versiones más modernas, jugó un papel histórico en la Guerra Civil: se le atribuye haber salvado a Abraham Lincoln de un atentado organizado por los confederados. Rusia también elevó a niveles de leyenda a sus espías (y a uno, Vladimir Putin, lo convirtió en Presidente) pero con frecuencia menospreció a sus propios agentes. El caso más emblemático es el de Kim Philby, el británico de “Los cinco de Cambridge”, cuyas actividades fueron reveladas a inicios de los años 60. Acabó asilado en Moscú, pero los rusos sospecharon hasta el final de su vida que era un agente doble. Una vez que Kilby se pudo exiliar en Moscú, tardó el KGB 10 años en permitirle pisar las oficinas principales del espionaje soviético.

Al romanticismo del espía occidental contribuyó mucho, en la primera parte del siglo XX, la exaltación de la figura de T.E. Lawrence, el célebre “Lawrence de Arabia” que trabajaba para los servicios exteriores británicos y fue instrumental en el plan elaborado por Londres para provocar un levantamiento árabe contra el Imperio Otomano.

Cuando la prensa alemana, utilizando información otorgada por Snowden y los periodistas y activistas que lo apoyan, expuso el espionaje norteamericano en ese país, tanto el Presidente Obama como el secretario de Estado acusaron, con elegancia, a los europeos de hipocresía. John Kerry fue más directo cuando dijo algo que nunca debe decirse: todos espiamos y todos sabemos que el otro espía. Obama fue algo más diplomático pero su mensaje no fue distinto: tácitamente estaba exponiendo al gobierno alemán y a otros europeos como aliados en el programa de inteligencia informática internacional ( al menos por conocimiento, si no por participación activa).

Que Washington se haya sentido obligado a pronunciar estas palabras impronunciables da una idea del impacto que ha tenido Snowden. Al forzar -por la violación de la regla de oro de la discreción- a los gobiernos de los países espiados a encarar a Estados Unidos, ha convertido al gobierno del Presidente Obama en único culpable. Y esto es algo que Washington no puede permitir precisamente porque la regla de oro exige que en público se tenga muy en cuenta tanto el estado de derecho como a la opinión pública. Si Estados Unidos aparece como único violador de leyes y la opinión pública percibe al Presidente como poco coherente con su propio discurso, algo mágico se rompe en la democracia estadounidense. Eso lo sabía muy bien Snowden a la hora de hablar.

Lo que Snowden no ha logrado, por supuesto, ni logrará nunca es detener la práctica del espionaje. Es una práctica imperecedera. Con razón se apunta con frecuencia que los fundadores de la ciencia política, como el filósofo indio Chanakya, valoraban esta actividad como indispensable para la protección de la comunidad. En su tratado Arthasastra, escrito tres siglos antes de Cristo, explica que el arte de obtener información mediante disimulos es parte del arte de gobernar. El problema que se plantea, pues, no es cómo detener esta actividad. Es otro: cómo ejercerla cuando existe una distancia sideral entre la capacidad tecnológica de ciertos países, especialmente Estados Unidos y otros.

Lo que asombra en el caso de PRISM y los otros programas informáticos no es lo que hacen sino lo mucho que abarcan y que las empresas que están a la vanguardia de la revolución informática fuesen parte, aunque sea limitada, de la práctica del espionaje. Porque eso coloca a otros Estados en una desventaja que pone en cuestión la regla de oro. Una cosa es que todos espíen cuando el espionaje consiste en tener “topos”, satélites, rompedores de códigos o analistas de fuentes abiertas. Otra es hacerlo cuando unos son, como en la granja de Orwell, mucho más iguales que otros.

Por ahora Estados Unidos tiene dos ventajas inalcanzables: con mucha diferencia el principal innovador de tecnología y las empresas que representan la elite tecnológica tienen su origen y su base principal en ese país. Nadie se imagina a los CEO y departamentos legales de Microsoft, Google, Facebook o Yahoo estableciendo con un Estado extranjero el tipo de colaboración que establecieron con el de su propio país. Por lo pronto, sería una práctica ilegal.

¿Existe, en vista de estas consideraciones, algún peligro de que se rompa la regla de oro? En otras palabras: ¿puede la desventaja tecnológica, puesta de manifiesto espectacularmente por el caso Snowden, llevar a un grupo de países disminuidos tecnológicamente a cuestionar de forma sistemática, por ejemplo en la ONU, la práctica del espionaje? ¿Es concebible un sindicato internacional “antiespionaje”?

Dejo las respuestas a la libre imaginación del lector.

Artículo publicado originalmente en La Tercera