Durante las últimas semanas de marzo, las encuestas de opinión pública han evidenciado un cambio significativo en la evaluación del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Los datos provenientes de Plaza Pública Cadem y de Panel Ciudadano de la UDD permiten observar no solo un deterioro en la aprobación presidencial, sino también una reconfiguración más compleja de las percepciones ciudadanas frente a las decisiones económicas y el relato gubernamental.
Un deterioro rápido y significativo
La aprobación presidencial ha experimentado una caída abrupta en un corto período de tiempo. Según Cadem, el respaldo al Gobierno descendió desde un 57% a mediados de marzo a un 47% hacia el 24 del mismo mes, mientras que la desaprobación aumentó desde un 34% a un 49%. Este movimiento implica un cambio neto de más de 20 puntos en el balance político, configurando un escenario de empate negativo.
Este patrón es consistente con los resultados del Panel Ciudadano, que sitúa la aprobación en torno al 42% y la desaprobación en un 48%. En conjunto, ambas mediciones sugieren el término de la tradicional “luna de miel” que suele caracterizar los primeros meses de un Gobierno.
Sin embargo, este deterioro no es homogéneo. La evidencia muestra que el descenso en la evaluación está fuertemente impulsado por segmentos específicos de la población, particularmente el votante habitual —más politizado e informado—, donde la desaprobación alcanza niveles significativamente superiores. Asimismo, se observa mayor rechazo en segmentos jóvenes y en niveles socioeconómicos medios y altos, grupos que tienden a tener expectativas más exigentes respecto de la gestión económica.
El factor crítico: el alza de los combustibles
El principal detonante de este cambio en la opinión pública parece estar asociado al alza en el precio de los combustibles. Un 97% de la población declara estar informada sobre la medida, lo que indica un alto nivel de visibilidad del problema.
Más relevante aún, un 59% considera que el alza era evitable, mientras solo un 39% la percibe como inevitable dada la estrechez fiscal. Esta brecha refleja un problema de legitimidad política de la decisión: no se cuestiona únicamente el resultado, sino la necesidad de la medida.
En términos de atribución de responsabilidades, si bien un 54% de los encuestados reconoce factores externos —como el alza internacional del petróleo—, un 43% responsabiliza directamente al Gobierno. Este porcentaje es particularmente significativo considerando que se trata de un shock exógeno, lo que sugiere debilidades en la gestión comunicacional y política de la crisis.
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Informe preparado por el Programa Política y Sociedad Civil, Libertad y Desarrollo. Responsable: Rodrigo Ubilla. rubilla@lyd.org
