El Gobierno de Bolivia ha rechazado la resolución en la que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) exige el traslado a Sucre, en el sur del país, del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y aseguró que lo mantendrá confinado en La Paz. El Gobierno de Morales demuestra de esta manera que no cree en la justicia, sino en la ley marcial impartida por un Ejecutivo populista y déspota

Polémica por el arresto del prefecto de Pando
“Vamos a ser firmes en el cumplimiento de la medida de confinamiento”, dijo en una conferencia de prensa el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, como respuesta al auto de la CSJ que pide el traslado del prefecto a Sucre por su condición de aforado.

Chávez calificó la solicitud de traslado a Sucre del prefecto como un atropello y aseguró que permanecerá en su condición de confinado por haber violado el estado de sitio decretado por el Gobierno en su región tras los choques entre oficialistas y opositores de la semana pasada.

Para el viceministro, seguir el razonamiento de la CSJ significaría que “por todo el código penal son impunes los prefectos u otras autoridades que gozan de juicio de responsabilidades”.

En los enfrentamientos de la semana pasada en Pando murieron al menos 17 personas en lo que el Gobierno considera que fue una masacre contra campesinos y por la que el Fiscal General abrió un proceso por genocidio contra el prefecto.

En esa región del norte de Bolivia se produjeron los más graves episodios de la ola de violencia que se desató en las regiones de mayoría opositora entre autonomistas contrarios al presidente Evo Morales y los partidarios del mandatario.

Para el viceministro de Justicia, la solicitud de traslado a Sucre es una “triquiñuela judicial” de la CSJ “para liberarlo”. El Gobierno de Morales demuestra de esta manera que no cree en la justicia.

Chávez aseguró que con el auto de la CSJ, debido al “cuoteo” con el que fueron designados sus magistrados, éstos están “pagando la factura a su patrón, a su jefe, al cacique”, como califica al prefecto en su región.

En la misma conferencia también participó el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, quien calificó la resolución de la CSJ del “auto de la vergüenza”.