Como también ocurre con alguna frecuencia entre nosotros, las protestas callejeras en Francia de pronto se transforman en violentas y algunos de sus actores -generalmente encolerizados y fuera de sí- arremeten contra los bienes públicos, destruyéndolos o dañándolos. Como si de pronto tuvieran derecho a hacerlo, lo que naturalmente no es así.

Pero en Francia, a diferencia de lo que ocurre entre nosotros, los tribunales los procesan y condenan por sus dañinas conductas. Sin demoras.

Así acaba de suceder en la ciudad de Tours, donde un grupo de jóvenes exaltados con antecedentes policiales, de entre 19 y 22 años, acaba de ser condenado a cumplir entre 6 y 8 meses de prisión efectiva, por sus desmanes. Ellos ocurrieron como consecuencia de un enfrentamiento violento con las fuerzas del orden que duró casi ocho horas. Los revoltosos habían atacado y destruido previamente casetas policiales con “bombas Molotov”.

La mencionada ciudad universitaria, con acceso al Valle del Loira, que nos recuerda, entre otros, a Honoré de Balzac, a Francois Rabelais y San Martín de Tours, se había transformado en un improvisado campo de batalla, con un saldo no menor de manifestantes y policías heridos y con toda suerte de contusiones.

Pero no hubo impunidad, sino severidad para los dañinos revoltosos. Y cárcel.

Por esto es posible que sus actos no se repitan en adelante. Porque al menos en Francia está visto que el que las hace, las paga. Y porque la justicia francesa cumple valientemente con su deber social, para el que sus miembros han ciertamente sido designados. Esto es, castigar el delito. De cara a la sociedad y sin demoras, ni subterfugios. Como debe ser. Para tener en cuenta, en un país como el nuestro, demasiado acostumbrado a permitir actos violentos, de ilegalidad total.
 
(*) Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.