“La decisión apuntada implica un total e injustificado desprecio al excelente sistema judicial trasandino, al que se tiene livianamente como “no imparcial” y capaz de proceder con mecanismos degradantes.”

El ciudadano chileno Ricardo Palma Salamanca, un conocido “activista” de izquierda, fue condenado en su momento por su participación en diversos delitos graves y mayores, incluyendo el asesinato del senador Jaime Guzmán.
 
Pero se fugó de la cárcel -presuntamente de alta seguridad- en la que estuviera alojado y, por años, estuvo prófugo de la justicia de su país,hasta que, en el 2017, fue encontrado en México deambulando,con una identidad falsa.
 
Al advertirlo, Palma Salamanca escapó a Cuba, que -como era de suponer- lo recibió sin mayores problemas, cual “tropa propia” y desde allí viajó a Francia, país que cuestionablemente le concedieraformalmente asilo político, en octubre de 2018,luego de que Palma Salamanca lo solicitara expresamente. Esa aberrante concesión de total, pero injustificada,impunidad fue naturalmente de naturaleza judicial, esto es dictada desde la propia Corte de Apelaciones de Paris.
 
De ese modo, el país galo se ha hecho innegablemente responsable de haber consagrado la impunidad de un asesino, autor de un aberrante crimen comprobado y deleznable, cometido a sangre fría. Justificando así, sin decirlo por cierto, que la violencia criminal pueda ser, de pronto, usada con pretendidos fines políticos. Lo que supone un antecedente peligrosísimo para la paz social.
 
Pero hay, además, algo quizás más agraviante para Chile. La decisión apuntada implica un total e injustificado desprecio al excelente sistema judicial trasandino, al que se tiene livianamente como “no imparcial” y capaz de proceder con mecanismos degradantes. Y, además, es suponer que la actual administración nacional chilena es apenas una torpe continuidad de los gobiernos militares que en su momento desalojaran por la fuerza del poder a la izquierda chilena. Lo que es, cuanto menos, una visión fantasiosa.
 
Pero la decisión judicial adoptada es firme y no puede ser apelada, en revisión, por el gobierno chileno, lo que no parece muy equilibrado.
 
Esto deriva de haber entendido -sin mayores problemas- que la confesión de su aberrante delito que fuera oportunamente firmada por el propio Palma Salamanca fue obtenida mediante torturas y que, de ser Palma Salamanca enviado nuevamente al país en el que cometiera su delito, podría ser “nuevamente” sometido a torturas, riesgo que según el tribunal actuante, nada menos que la Cámara de Instrucción de la Corte de Apelaciones de Paris, tribunal que dictara, en diez apretadas páginas, la decisión aludida de no extraditar a Palma Salamanca.
 
Para el tribunal, Palma Salamanca supuestamente tiene un riesgo (el de ser torturado) que “seguiría enfrentado, si regresara hoy a Chile”.
 
Chile obviamente no merece ese absolutamente indignante trato. Lo sucedido sugiere, por lo demás, que el proceso mismo de extradición seguido en Francia, que se iniciara el 9 de enero de 2018, pudo bien haber estado, él mismo, infectado por razones políticas, lo que es sumamente grave y no puede descartarse.
 
Francia, en los hechos, se ha comprado una serie de dolores de cabeza, renunciando a su compromiso de luchar contra el terrorismo en el contexto de sus acuerdos internacionales. Y se ha convertido en un lamentable “refugio” que seguramente será procurado, en adelante, por los terroristas de cualquier denominación u origen. Lo que merece ser reprochado, sin atenuantes.
 
Como lo hiciera –cabe recordar- no hace mucho, en tiempos del arbitrario político izquierdista François Mitterand, también respecto de otro lamentable personaje refugiado que llegara escapado, quien aparecíaasimismo notoriamente envuelto en la comisión de algunos delitos mayores: Cesare Battisti.
 
Chile, que se apresta a suscribir un tratado de reciprocidad con la Unión Europea sobre este mismo tema, ha recibido una solicitud de la propia Francia, uno de sus más importantes miembros, referida al asesinato de una ciudadana franco-japonesa. Tiene ahora la oportunidad de reaccionar ante ese requerimiento bajo el paraguas de la “reciprocidad de trato”, lo que sin embargo no le haría necesariamente bien a la justicia.
 
La moraleja parece serbien simple: Ricardo Palma Salamanca no cumplirá la pena que le fuera en su momento impuesta por la justicia de su país nada menos que por haber asesinado cobardemente a un civil inocente, por caprichosas “razones”, presuntamente políticas, según el mismo alega. No se ha hecho, ni se hará, justicia, luce obvio. Es lamentable.
 
 
(*) Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.