La última batida del juez Garzón se ha cobrado piezas de un tamaño político considerable. CiU y el PSOE son los partidos en los que militan los cargos y ex cargos públicos que han sido detenidos en Galicia y Cataluña por presuntos delitos relacionados con el  sempiterno urbanismo corruptor, el desfalco o el encalado de capitales.

 Ya se sabe que este célebre juez detiene con mucha espectacularidad, pero instruye con menos realce y eficacia. En todo caso, el tiempo dirá finalmente quiénes y qué es lo que han hecho mal. De momento, estamos ante una nueva operación judicial con un marcado relieve pero con un alcance todavía inopinado. Alguien ha interpretado esta redada como una forma de equilibrar los casos de carcoma entre los diferentes partidos y territorios. Una prueba también, dicen otros, de la ceguera con la que se representa a la Justicia significando que el delito se persigue siempre, venga de donde venga, y sin dispensas, exenciones ni privilegios. A lo mejor las dos cosas.

Los enriquecimientos ilícitos y las sospechas de fraude público adquieren una tonalidad más grave y pesarosa para la población cuando arrecia una crisis económica como la que vivimos ahora, y el escándalo de turno se acompasa a la merma del bienestar legítimo de los ciudadanos. Los golfos, conjeturales o contrastados, reciben entonces el más duro reproche social y se aplaude con gozo la iniciativa de perseguirlos.

Cuando la frecuencia de los quebrantos y el desenfreno son altos, junto a la lógica recriminación popular parece inevitable generar además un hastío colectivo que desemboca en todos los casos en la demoledora tesis de que todos los políticos son iguales. No es así. Cuando se desprende esa impresión se está cometiendo una gran injusticia.