A estar a la información suministrada por el diario “Clarín”, el 75% de los argentinos no confían en sus jueces. Entre ellos, el 49,2% dice no confiar “nada” en ellos.

El 1º de septiembre pasado, al final de una marcha de protesta por la “desaparición” de Santiago Maldonado, un bohemio artesano militante de izquierda, la ciudad de Buenos Aires fue testigo de desmanes de todo tipo que fueron transmitidos durante varias horas por los canales de televisión. Al cierre de la marcha, un centenar de personas se dedicó impunemente a dañar cuanto estaba a su alcance en el centro de la ciudad. Un fuerte operativo policial finalmente rodeó a los revoltosos y produjo 30 detenciones entre aquellos más agresivos en los ataques con piedras y palos a las fuerzas policiales y en la quema de cuanto encontraban a su paso. Todo, repito, fue filmado ad nauseam por distintos canales de televisión directa. Los delitos estaban a la vista y sus autores también, pese a que muchos actuaban con los rostros cubiertos y manteniéndose a alguna distancia.
 
Tres días después los detenidos con una sola excepción (la de un ciudadano venezolano cuya presencia en nuestro país no estaba en regla) fueron liberados. Los fiscales actuantes y los jueces con jurisdicción sobre los incidentes no encontraron razones para mantener a los revoltosos en prisión. Esto es lo habitual en la República Argentina. Por ello el extendido descrédito en que ha caído el Poder Judicial todo. La anomia es la regla en estos casos y los actores dan por seguro que no deberán responder jamás por sus conductas. La consecuencia es una: los desmanes se reiteran y se han transformado en “normales”. La ciudadanía toda, frustrada, sufre las consecuencias y termina, de una manera u otra, pagando los daños y conviviendo con la violencia.
 
Uno diría que los jueces y fiscales argentinos podrían estar mal pagos. No es así. Muchos son obviamente ineficaces e incapaces al tiempo de investigar con efectividad. Pero no se trata de insuficiencia de recursos. Es un tema esencialmente de falta de responsabilidad. Y no es el único, precisamente. También hay miedo. La desaparición de Julio López y el presumible asesinato del fiscal Alberto Nisman son otros dos casos que avergüenzan a la Argentina. Lo mismo ocurre con los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de los años 70, que continúan absolutamente impunes, ante el asombro del mundo. Para la Argentina las Convenciones de Ginebra simplemente no existen, pese a haberlas firmado y ratificado. Ya que son “derecho interno”. ¿Es solamente inoperancia o temor? No. Es mucho más que eso. Es el deseo de muchos magistrados de no enfrentar, de pronto, problemas. De permanecer en un ámbito de seguridad. Uno se pregunta entonces ¿por qué son jueces?
 
En el año 2004 la justicia nacional, sumada a las justicias provinciales, operaba con un presupuesto consolidado del 0,68% del PBI. En el año 2015, último ejercicio para el que existen cifras fidedignas disponibles, el presupuesto creció a prácticamente el doble. Al 1,2% del PBI. Entre el 2004 y el 2015 el PBI argentino creció un 50%. En cambio el gasto público en la administración de justicia aumentó un 160%. Queda claro que no es un tema de falta de recursos, sino otra cosa. Por esto la mayor parte de los argentinos no confían en su administración de justicia. La sabe lenta, pusilánime e incolora, con contadas excepciones. Los procedimientos judiciales son obsoletos y los actores ineficientes. Pese a estar bien pagos, no pagan impuestos y tienen un régimen de vacaciones y licencias mucho más generoso que el del resto de la población.
 
Para mejorar la justicia argentina no hacen falta más recursos. Se requiere voluntad de hacerlo, coraje para actuar, despolitización y probablemente una mejor utilización de los recursos que provee la tecnología. Y es cada vez más necesario medir los resultados de la gestión de los jueces y fiscales. Mientras tanto, los funcionarios judiciales están en deuda con la sociedad a la que pertenecen. El mal no afecta naturalmente a todos, pero la gran mayoría de ellos se desempeña generando la frustración que, respecto de la justicia, siente la enorme mayoría de los argentinos.
 
A estar a la información suministrada por el diario “Clarín”, el 75% de los argentinos no confían en sus jueces. Entre ellos, el 49,2% dice no confiar “nada” en ellos. Horrendo. ¿Si los locales no confían en sus tribunales, por qué habrán de hacerlo los extranjeros?
 
 
Emilio J. Cárdenas
Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.