Aunque no ocupa un puesto relevante entre las preocupaciones ciudadanas que los estudios de opinión publican periódicamente, la situación de la Justicia en España sigue siendo un problema endémico (de atraso secular dicen los que la aplican) y sin síntomas apreciables de mejoría.

 

Realmente, es imposible avanzar en la calidad de la justicia cuando se tasa en 30.000 euros la reparación económica de una prisión preventiva que duró 170 días tras establecerse la “irrelevancia penal del comportamiento del imputado”, como admite el Tribunal Supremo.

 

Resulta muy difícil que, en el país por antonomasia de la presunción de culpabilidad, que opera implacablemente ante cada denuncia o sospecha, se ascienda en la confianza sobre la Justicia cuando los jueces son condecorados con medallas pensionadas o cuando se pretende que en las sentencias se apliquen criterios de remuneración vinculados a la productividad, a dictar sentencias como se hacen churros, vamos.

 

Seguimos aviados y abatidos en este terreno. La administración de justicia sigue siendo parsimoniosa y tardía en nuestro país y por ende de lo más injusta. Los jueces se quejan una y otra vez de la falta de recursos humanos y técnicos, mientras se multiplican y acumulan las causas de las que deben entender. Los ciudadanos se quejan sólo un poco, pero sufren todo el peso de la lenta defensa o reclamación de sus derechos.

 

Sólo hay seis millones de resultados si se busca en Google “errores de la justicia” (3,5 millones si se trata de fallos médicos). Pasar por un juzgado es todavía en este siglo la peor maldición que puede recaer sobre una persona.