La oleada de reformas democráticas se ha traducido con una toma generalizada del poder por parte de los partidos islamistas

Como telón de fondo de estas estampas tan dispares de la nueva realidad que vive Túnez, una novedad: la toma por el ejército de los puntos neurálgicos del país en un movimiento que no ha dejado de llamar la atención de los observadores, aunque el toque de queda no se levantará hasta el próximo 31 de marzo. ¿Tiene miedo el gobierno recién formado, con mayoría islamista, de algún movimiento “contrarrevolucionario”, o más bien teme que los jóvenes manifiesten con más virulencia su decepción por el derrotero que ha tomado la “revolución”? Puede que sean ambas cosas a la vez o una simple medida de prudencia para evitar desórdenes.

Pero lo cierto es que estas imágenes reflejan por sí solas los encontrados sentimientos que afloran en las gentes al cabo de un año de los asombrosos procesos de democratización en el mundo árabe-islámico. De momento, han acabado con tres dictaduras –Túnez, Egipto y Libia– y han desencadenado la guerra civil en Siria al tiempo que un cuarto dictador, el de Yemen, se dispone a abandonar el país en un clima de violencia tribal.

Vistos los acontecimientos que han sacudido –y sacuden– a buena parte del mundo árabe con nuestros ojos de observadores occidentales, el balance de este primer año de insurrecciones revolucionarias puede resumirse en algo muy simple: de Marruecos a Egipto –con la salvedad de Argelia que, de momento, permanece al margen de las convulsiones por estar reciente su guerra civil–, la oleada de reformas democráticas se ha traducido con una toma generalizada del poder por parte de los partidos islamistas.

La resurrección de los islamistas

Estos movimientos –En Nahda en Túnez, los Hermanos Musulmanes en Egipto, los “justicialistas” de Marruecos o los “cheránicos” de Libia– son como la corriente sanguínea de estas sociedades en las que apenas ha prendido la cultura laica. Era lógico pensar, por tanto, que después de las primeras oleadas de manifestantes que clamaban por la dignidad, la libertad y la democracia, tomarían el relevo quienes, de manera soterrada, asumían la auténtica identidad social, política y religiosa de estos pueblos.

Lo que va a poner a prueba a los nuevos gobiernos será la capacidad de los islamistas para la activación económica que ofrezca un trabajo y salario dignos

Los manifestantes sin líderes conocidos de la plaza cairota de At Tahrir, tan duramente reprimidos por los tanques de Mubarak, como los jóvenes del movimiento del 12 de febrero en Marruecos o las muchachas desveladas de Túnez, no sabían muy bien qué querían cuando clamaban por la libertad (cfr. Aceprensa, 24-02-2011). Lo que más les importaba era acabar con los regímenes dictatoriales como primer paso para recuperar su dignidad como personas. En esos primeros momentos, los islamistas se mantuvieron en un prudente segundo plano. Pero apenas iniciados los procesos de reformas democráticas, pronto se supo que serían ellos los que tomarían el relevo.

Moderados y radicales

Ahora bien, la pregunta que se plantea hoy, una vez que estos movimientos han puesto boca arriba sus cartas –sus poderes– y han arrollado en las elecciones convocadas, es hasta donde irán en la definición de las libertades y derechos civiles en las nuevas Constituciones que ya han empezado a elaborarse, salvedad hecha de Marruecos, cuyo soberano se adelantó a los propios islamistas con una ley fundamental redactada a su gusto. De momento sabemos que los islamistas tunecinos y egipcios se han declarado “moderados” y, por lo tanto, partidarios de las libertades democráticas, con el matiz añadido de las conocidas restricciones en materia de libertad religiosa: ningún musulmán puede cambiar de religión.

El tiempo dirá en qué consiste su “moderación”, porque los Hermanos Musulmanes egipcios, por ejemplo, están divididos entre sí y algunas de sus facciones han recordado ya que, desde su fundación por Hasan Al Banna en 1928, su objetivo ha sido instaurar la “charía” o ley islámica, bajo el principio de “El islam es la solución”. Más aún: como segunda fuerza política ha emergido en Egipto el radicalismo salafista, un movimiento que tiene como objeto el retorno a los tiempos fundacionales del islam y que solo acepta la democracia como “instrumento legal” para abrirse paso con sus ideas.

Nos encontramos, pues, ante el verdadero rostro que identifica a las sociedades árabes donde no hay disociación posible entre religión y Estado. Como reflejo de esta afirmación, ahí está el anuncio hecho por el partido An-Nur (La Luz) que agrupa a los salafistas, de querellarse contra uno de los pocos candidatos coptos, Naguib Sawiri, que encabeza un partido laico, al que acusan de “blasfemo” por el mero hecho de propugnar la separación de poderes. Bien es cierto que también ha habido declaraciones de dirigentes del Partido de la Libertad y la Justicia, que agrupa a la mayoría de los Hermanos Musulmanes, favorables a la cooperación con los coptos (más de ocho millones de habitantes, menos del 10% de la población), que han obtenido un tercio de los escaños de la asamblea constituyente… frente a los dos tercios de los islamistas.

Lo que de verdad importa: trabajo y salarios dignos

Por encima de cualquier debate sobre el carácter religioso –y por lo tanto excluyente de una auténtica libertad religiosa–, lo que de verdad va a poner a prueba a los nuevos gobiernos que se formen tras la adopción de los textos constitucionales, será la capacidad de los islamistas para dar respuesta a la aspiración de fondo de los jóvenes que impulsaron las revoluciones árabes: la activación económica que ofrezca un trabajo y salario dignos.

La oleada de suicidios que se registra en Túnez, a pesar de las reformas hasta ahora adoptadas, con un reparto casi ejemplar del poder entre los tres partidos políticos que han formado coalición –islamistas e izquierdistas–, ofrece un dramático retrato de la frustración que se extiende por la sociedad que todavía no ha visto que haya valido de algo acabar con la dictadura de Ben Ali.

Igual ocurre en Egipto, donde el ejército, que acapara más del 30% de la vida económica, no parece dispuesto a dejar todo el poder a los civiles –es decir, a los islamistas–, que, a su vez, parecen encantados con que los militares mantengan su influencia en la vida política y económica. No piensan así los dirigentes laicos, cuya cabeza más visible, Mohamed el Baradei, antiguo presidente de la Agencia Internacional de la Energía, ha decidido renunciar a su candidatura a la presidencia de Egipto, lo cual deja abierta la puerta a que sean también los Hermanos Musulmanes los que ocupen este puesto clave.

Podríamos concluir que todo está por hacer en el revuelto mundo árabe-islámico pero que, al menos, se ha quitado el velo a una realidad que permanecía oculta bajo la hipocresía de unas dictaduras mantenidas por Occidente so pretexto de que frenaban al radicalismo islámico. Otra cosa es la evolución de los acontecimientos en Siria, tan estrechamente ligados a las amenazas de un Irán nuclearizado contra Israel y la respuesta que está dando ya Occidente con el riesgo de una escalada de violencia que remataría la crisis económica con una previsible crisis petrolífera. Las incertidumbres están muy lejos de desaparecer.

La charía y sus diversas interpretaciones La “charía” –la temida “ley islámica”– no deja de suscitar controversias en el seno mismo de los teólogos musulmanes. Uno de los más destacados pensadores tunecinos, el profesor e historiador Mohamed Talbi, estima que esta ley no tiene ningún fundamento coránico y que, en consecuencia, no obliga en conciencia a ningún musulmán. El primero que mencionó esta ley, que combina azoras coránicas con los “hádices” o dichos del Profeta, fue el fundador de una de las cuatro escuelas jurídicas de la “sunna”, Mohamed Ibn Idris Chafiai, muerto en el año 804. Hasta entonces, los musulmanes habían vivido sin la “charía”. Aunque esta ley es hoy invocada como divina por el orbe islámico, tiene diversas interpretaciones según las regiones donde se aplica alguna de las cuatro escuelas jurídicas (hanafía, malikía, chafaia y hanbalía), que se distinguen entre ellas por la importancia que dan a la razón, al esfuerzo interior, a la analogía o a la literalidad contraria a toda innovación jurídica. La aplicación más moderada es la que limita su ámbito de jurisdicción a la vida social y familiar, que, a su vez, como ocurre en Marruecos –donde se sigue la escuela malikía–, es objeto de continuas reformas que dan cabida a nuevas libertades, según puede observarse en el nuevo Código de la Familia (Mudauana). La escuela más radical –la hanbalía– es la que aplica con todo rigor el “wahabismo” en Arabia Saudita, sin que nadie parezca escandalizarse en el mundo occidental… No dejaría de ser una hipocresía que se obviase este precedente saudí, tan vivo en su aplicación, para criticar la intención de los salafistas o los Hermanos Musulmanes de incorporar la “charía” como fuente de inspiración de la Constitución que se promulgue en Egipto. Siendo como es el mundo musulmán una comunidad de creyentes –“umma”– que se identifica por su fidelidad al Corán, nada tiene de extraño que adopte como referencia jurídica lo que consideran el canon de su vida social y política aunque, como ya señalo, no todos los pensadores musulmanes creen que obliga en conciencia.